PERDER A LOS PADRES POR UN DÍA

Reproducimos aquí el artículo del juez de familia de Málaga, en el que reflexiona sobre las consecuencias que va a tener la reforma del código civil en materia de adopciones, que dificulta el retorno de los menores a las familias biológicas,  consolidando las prácticas de secuestro por parte de la administración, que se hacen en base a la ley de protección de la infancia.

 

«El Proyecto de ley de adopción internacional ha incluido en su texto varias modificaciones del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de protección de menores. Todas ellas tienen como objetivo común limitar los plazos en los que las familias biológicas de menores desamparados puedan oponerse a las decisiones que los servicios sociales adopten sobre sus hijos. O dicho de forma más tajante se establece una limitación del tiempo en el que esas familias pueden recuperar a sus hijos cuando les han sido retirados.

El origen de esta sorpresiva reforma legal hay que buscarlo en la decisión de la Audiencia provincial de Sevilla de fijar una elevada indemnización a una madre a quien   no se pudo reintegrar a sus hijos, pese a haberse revocado judicialmente la resolución de la entidad pública que los entregó a una familia de acogida. Desde ese momento ya se pidió por los responsables políticos de los servicios sociales que se fijasen «plazos» para tales reclamaciones, pasados los cuales la decisión de retirar un   menor fuese inamovible.

Hay que reconocer que en casos muy contados (pero de amplia repercusión mediática) el sistema de protección a la infancia en su doble fase administrativa y judicial no ha funcionado bien, sobre todo por la lentitud en la tramitación de este tipo de asuntos en los Juzgados. Ello ha dado lugar a situaciones muy dolorosas para algunos menores que han sido separados de sus familias acogedoras cuando ya habían alcanzado una integración aceptable. También se han dado casos como el de Sevilla en el que las familias biológicas no han podido lograr el retorno de sus hijos pese a tener una sentencia que así lo acordaba.

Pero tales supuestos, además de ser muy minoritarios, no pueden generar una reforma legal como la que se pretende y que supone un claro retroceso en relación al sistema actual de protección de menores, inspirado en principios de proporcionalidad y   de preferencia de la familia biológica como lugar de desarrollo del menor; sistema que además en líneas generales viene funcionando aceptablemente.

La reforma que se propone solo puede ser calificada de incomprensible, innecesaria e inútil.

Incomprensible porque resuelve el problema trasladando a las familias biológicas de los menores desamparados, la culpabilidad de unos retrasos que tienen su causa esencial en el defectuoso funcionamiento de los propios órganos administrativos y judiciales. Si a ello unimos que la nueva y dura limitación legal se proyecta sobre familias con clarísimos déficit sociales, habremos de concluir que estamos ante una reforma regresiva y difícilmente explicable desde planteamientos sociales avanzados.

Es innecesaria porque la mayor o menor pasividad de las familias biológicas en la superación de las carencias que generan la retirada de sus hijos, ya se valora actualmente por los jueces como elemento decisivo para acordar o no el retorno de los menores.

Y es inútil porque el plazo que se concede a las familias para pedir una «revisión» del caso por cambio de sus circunstancias (dos años), va a suponer que la espada de Damocles de una posible sentencia judicial que ordene el retorno del   menor  seguirá pendiendo sobre éste durante buena parte de su vida infantil.

En un campo como el de la protección de los menores donde la transparencia y la igualdad de partes no son los valores dominantes, erigir un nuevo obstáculo legal, en este caso el tiempo, para que las familias biológicas ejerzan sus derechos y los jueces puedan controlar la actividad administrativa, no es más que fomentar zonas de oscuridad que a nadie favorecen y que ahondarán la desconfianza que muchas familias sienten hacia los servicios de protección a la infancia.

 Dotar a los servicios sociales de personal y medios, intervenir en el seno de las propias familias con carencias, respetar el principio de proporcionalidad de las medidas de protección, aligerar los procesos judiciales de control (como por fin hace también la reforma), especializar a los jueces que conocen de estos asuntos o dotar de asistencia letrada efectiva a las familias biológicas es el camino para evitar las disfunciones que en algunos casos se han producido.

El «atajo» que propone la reforma es una solución burocrática y simple a un problema social y jurídicamente complejo. Y desde luego dará lugar a que algunos menores desamparados pierdan definitivamente a sus padres por un día.»

José Luis Utrera Gutiérrez, Juez de Familia de Málaga.27 de agosto de 2007

 

Asamblea abierta contra los CENTROS DE MENORES (Madrid)

Hola a tod@s,

Tras el parón veraniego, y después de haber conseguido clausurar ya uno de
los centros donde se estaban produciendo peores situaciones ( «La Jarosa» ),
os invitamos a la asamblea convocada para el próximo sábado 29 de Septiembre
en el Local Anarquista de Magdalena (C/ Magdalena, 29) a las 18:30.

En esta asamblea queremos montar un pequeño «calendario» de acciones y
también conocer a algun@s de l@s que habéis escrito a la dirección de mail,
os habéis acercado a las charlas, etc
Los planes están abiertos, es decir, cualquier propuesta que traigáis será
discutida y se decidirá sobre ella en la asamblea.

Contra la impunidad, acción directa.

Sábado 29 de Septiembre, 18:30. Local Anarquista de Magdalena, c/ Magdalena
29. Metros Antón Martín y Tirso de Molina.

III encuentro de arte urbano. (Burgos)

hola a tod@s! desde Saltando Charcos os queremos invitar al III Encuentro de Arte Urbano que haremos el  próximo sábado 29 a las 19h. en el Parque Buenavista. En esta ocasíón, tendrá lugar una exhibición de break-dance a cargo de un grupo de Logroño y posteriormente un concierto de hip-hop. Lo novedosos este año, es que el concierto va a ser la presentación de una maqueta elaborada desde el proyecto La Otra Escuela en la que han intervenido 40 chicos del barrio (entre 14 y 30 años) que con su talento y esfuezo han conseguigo grabar un disco de 14 temas y llevar a cabo esta gran iniciativa educativa. Os adjuntamos el cartel del Festival asi como las carátulas del CD.

Os agradecemos que deis la máxima difusión a la noticia y que si podeis os acerqueis por aqui el 29

NOs vemos.

Una nueva Edición del CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA ACCIÓN SOCIAL CON MENORES está en marcha.

Despúes de la experiencia del año pasado y la buena valoración de curso por parte de los participantes y de las personas responsables , hemos decidido realizarlo de nuevo este año, integrando los aprendizajes del curso anterior, y con la misma ilusión y necesidad, puesto que los proyectos necesitan una base social formada y combativa que sea capaz de frenar la invasión de intervenciones mercantilistas y agresivas a la infancia, a la vez que se dan respuestas de compromiso en las comunidades y barrios.

Proximamente en este blog se podrán consultar el triptico y cartel, con los detalles de organización del curso.

Anticipar, que, de nuevo, se realiza paralelo en tres ciudades Burgos, Murcia y Valencia (ahora con la colaboración de Parke Alcosa, además de la gente de la Coma), con tres monograficos comunes y la semana final el la Escuela sobre la Marginación de Madrid.

Y que el curso se adelanta (la edición anterior comenzó en Enero), siendo las primeras sesiones el 23 de octubre el Murcia, y el 26 de Octubre en Burgos y Valencia.

La personas interesadas que estén al loro del blog o que pidan información a los colectivos de las ciudades respectivas.

PRIVATIZACIÓN DE CÁRCELES DE MENORES. El 73% de los reformatorios de menores pasa a manos privadas en sólo cinco años

El sistema de gestión por particulares es mayoritario, excepto en Cataluña y Extremadura

 

Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas en un 73%. Son las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido delitos cumplen medidas de privación de libertad. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Andalucía y Madrid, más del 83% de los centros está ya en manos privadas. Numerosos abogados, jueces, asociaciones de menores e instituciones como el Defensor del Pueblo canario critican las carencias de este sistema y defienden que la restricción de la libertad es tarea del Estado.

Los centros en los que los menores de 18 años cumplen las medidas de privación de libertad cuando cometen un hecho delictivo están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas. En España nunca se ha contemplado privatizar el sistema penitenciario de los adultos. En el caso de los menores, hasta hace seis años, tampoco. Pero en 2000 se aprobó la Ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los centros de reforma.

La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas. Por este motivo se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas. El número de internos fluctúa, pero se puede decir que en estos momentos en España está en torno a los 2.750, atendiendo al número de plazas de los 100 centros existentes.

Idea inicial

Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que participó en la elaboración del borrador de la Ley del Menor, explica que la idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. «Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad», asegura.

Pero así fue. En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas. Todos los nuevos, de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan de forma directa de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.

¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Y siempre lo son. Pero la gestión también lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tienen que encargarse a alguna empresa. Y cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. Por ejemplo, la fundación Grupo Norte, que gestiona cuatro centros en Madrid, encargaba a Prosintel la vigilancia. Prosintel es una de las empresas de Grupo Norte.

En Madrid, este sistema cambió el pasado enero. La comunidad elige ahora directamente por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en todos los reformatorios. Prosintel es ahora una de las encargadas de la seguridad general.

El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en prensa en el que se pedían educadores «para empresa en expansión». La Fiscalía averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. «Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio», señala. La gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, según sus detractores.

El principal es si el Estado puede y debe delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad. La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. «La gente ni siquiera lo sabe», exclama, y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los menores. «Centros de internamiento, de reforma, centros educativos, son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos».

Pantoja considera que «la libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no puede dejarse en manos privadas». De la misma opinión son el Defensor del Menor de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal. Tanto la Fundación Ginso, que se encarga de varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que lleva 23 centros en toda España, renuncian a entrar en el debate. «Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa», explica un portavoz de Diagrama.

Canarias da marcha atrás

Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI. Pero los responsables fueron destituidos en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación. Para paliar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómico fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo.

El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.

Durante 2005 y a pesar del cambio en la gestión, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como «insostenible», por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo). En junio de ese año el gobierno autonómico anunció un plan de choque, que, según afirma, está funcionando. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo canario aseguran que todavía queda mucho por mejorar.