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LOS CENTROS DE MENORES PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE EMPRESAS

agosto 7, 2009

Chicos malos, grandes negocios

• La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante. Cada menor interno en uno de esos centros privatizados aporta 3.800 euros al mes a quienes los gestiona

Reportaje por: Jaime BARRIENTOS 29/06/09

Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras.

En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio”.

Los centros de protección de menores están prácticamente en manos privadas. Y los de reforma han dado un giro hacia la gestión privada, hasta el punto de que fundaciones, asociaciones y empresas dirigen más del 70 por ciento de ellos. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que aproximadamente el 80 por ciento de estos centros se ha puesto en marcha en los últimos diez años.
De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones.

O’Belén
se creó el 22 de junio de 1999. Los fundadores no eran eminentes psicólogos, pedagogos y educadores, sino un curioso elenco de políticos profesionales e importantes empresarios bendecidos por Manuel Ureña, actual arzobispo de Zaragoza. Entre los fundadores están Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y diputado del Partido Popular; Javier Herrero, consejero delegado de Iberdrola, y José Morales, subdirector territorial para Madrid de Ibercaja. Emilio Pinto, actual presidente de la Fundación O’Belén, está diplomado en magisterio y fue portavoz del PP de Sigüenza (Guadalajara). Carlos Moreno, gerente de la fundación, es actualmente portavoz del grupo de no adscritos en la Diputación de Guadalajara tras haber sido expulsado del PP. María Calvo, responsable del departamento de relaciones externas, fue concejal en Guadalajara por el PP, y José Carlos Moratilla, coordinador de delegaciones, comenzó su carrera política en el CDS y ha sido presidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE.

O’Belén se financia en más de un 90 por ciento con dinero que le entregan las administraciones. Sin embargo, cuenta con distintos patronos, como Peugeot, Alvargómez Gestión Inmobiliaria, Grupo Lábaro, la Diputación de Guadalajara y, hasta hace poco, también Ibercaja. El director general de la entidad, José Luis Aguirre, remitió el pasado 30 de marzo una carta en la que manifestaba la decisión de abandonar el Patronato de O’Belén.

Otra de las grandes en la gestión de los centros de menores, Dianova, está constituida por un conjunto de organizaciones autónomas que desarrollan programas sociales e iniciativas innovadoras en las áreas de la prevención o tratamiento de las adicciones, de la educación y del desarrollo personal y social de los jóvenes, según la información que aporta la propia ONG. Dianova España se encarga de la gestión de cinco centros de menores con problemas de consumo de drogas. Según el Plan Nacional sobre Drogas, “Dianova tiene su origen en la escisión y posterior reorganización de personas y profesionales vinculados a la asociación El Patriarca”, un grupo fundado por el polémico Lucien Engelmajer y catalogado en Francia en 1995 como secta por una comisión de investigación parlamentaria. Cuatro años después, el Parlamento francés alertó sobre Dianova, la calificó de nueva marca de El Patriarca y señaló que “constituye el ejemplo más representativo de estructuras comerciales sectarias”.

La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”. Pese a que en los principios fundacionales de casi todas las instituciones dedicadas a la protección de los menores se señala que están dedicadas de manera altruista a los niños desamparados, “en la práctica –según José Luis Calvo–, quienes están detrás son políticos y empresarios de la banca y de la construcción”.

Un ejemplo podría ser la Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona actualmente cuatro centros de menores en régimen abierto y semiabierto en la Comunidad de Madrid. Grupo Norte, con cerca 4.000 empleados, posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemárquetin y hasta una ETT. Grupo Norte fue denunciada en febrero de 2002 por los malos tratos a los que presuntamente eran sometidos los menores del Centro Zambrana, en Valladolid. Esta fundación es una entidad “sin ánimo de lucro” creada en 2001 por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. El presidente del holding y de la fundación, José Rolando Álvarez Valbuena es, además, consejero de Mapfre Mutualidad, presidente de la junta asesora de Fremap y ejerce las funciones de presidente del consejo de administración de ocho sociedades vinculadas al grupo.

Alberto Fernández de Sannamed, presidente del Consejo General del Colegio de Educadores Sociales, habla directamente de la “precaria supervisión” que sobre estas entidades privadas ejerce la Administración: “Se deja en manos de las entidades privadas contratar a los profesionales que se encargan de los menores”. Fernández de Sannamed asegura que en los centros “trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación inadecuada. En muchas ocasiones solicitan perfiles más propios de personal de seguridad que de trabajadores del sector educativo”.
La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), bajo la supervisión de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó en marzo de 2006 un convenio por 157 millones de euros con el Gobierno regional para construir y gestionar durante 15 años un centro de 130 plazas en Brea del Tajo. Según se puede leer en su propia página web, el fin social de Ginso es desarrollar “un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, prelaborales y laborales”.

El presidente de esta asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargó el proyecto y la construcción de la obra a tres sociedades. En una de ellas, Icono Consultores SA, figura él mismo como administrador único. En otra, Prodos Project-Process SL –que ha cambiado su denominación–, figura también, esta vez como uno de los cinco consejeros. Sus socios en esta empresa son los dueños del Grupo Ibadesa, la tercera compañía implicada y la encargada de construir el centro de Brea de Tajo que forma parte del acuerdo firmado por la Comunidad de Madrid con el consistorio del municipio, y que se amplió luego a las localidades de Valdemoro y Aranjuez.

La Fundación y Asociación Respuesta Social Siglo XXI (ARS) gestiona en Madrid el Centro de Reforma Los Rosales –enclavado en el antiguo módulo de mujeres de la cárcel de Carabanchel– y el centro para chicas Puerta Bonita–. La fundación está presidida por Ángel Miguel Blanco Sánchez y el secretario es Sergio Jesús García Muñiz, dos personas que nada han tenido que ver con asuntos de tipo social y sí con empresas de distintos sectores, como el inmobiliario o la gestión de patrimonio.

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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y REFORMA DE MENORES EN ARAGÓN. asapa.

mayo 9, 2008
Asapa Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón, Grupo de Menores.
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y REFORMA DE MENORES EN ARAGON

Comunicado de ASAPA ante la imposibilidad de presentación de Informe sobre Menores.
Ayer dia  6 de mayo deberíamos haber presentado el que un equipo de Asapa lleva realizando desde hace aproximadamente un año. Si decidimos realizar esta presentación pública es porque consideramos un acto de responsabilidad trasladar a los profesionales de la intervención social y a la sociedad en general la información recogida por este grupo.
Pese a nuestros esfuerzos, ayer  no pudo tener lugar este acto. La presentación del informe estaba prevista desde hace semanas en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales. Esta misma mañana se nos comunica por vía telefónica la anulación  unilateral el acto aludiendo a efectos de forma. Recuperados de la sorpresa, solicitamos un espacio en el Centro Cívico Delicias, que se nos concede, por lo que se realiza otra convocatoria en  este lugar. Sin embargo, a las 16:00 de esta misma tarde, se nos comunica, nuevamente por vía telefónica, que se nos deniega el permiso ya concedido para realizar el acto en este espacio, con la única explicación de que el ayuntamiento no lo permite.
El objetivo de la presentación de este informe sobre la situación de los menores en centros de protección y reforma de la comunidad Autónoma de Aragón , ha sido desde un principio provocar un debate, largo tiempo silenciado aunque necesario, sobre la situación en la que se encuentran los menores atendidos tanto en el sistema de protección como en el de reforma. La propia Ley 12/2001de la infancia y adolescencia en Aragón, en su art. 9.3, nos exige esta labor cuando establece que “toda persona que detecte una situación de riesgo o de posibles malos tratos a menores está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y a prestarles los auxilios inmediatos necesarios”. El objetivo de Asapa nunca ha sido ni será culpabilizar ni responsabilizar a los profesionales que trabajan con los niños y las niñas de las deficiencias del sistema, sino facilitar una herramienta de crítica y mejora. En este sentido,nuestro trabajo no consiste en valorar situaciones o profesionales individuales, sino en detectar las condiciones estructurales que permiten que estos graves problemas persistan.
Instamos a los máximos responsables de las administraciones públicas, y a la Universidad en particular,  a facilitar un espacio en el que se pueda hacer público el documento e iniciar un debate social y profesional que creemos más que necesario. En los próximos días nos vamos a dirigir a la Universidad nuevamente y de manera formal para solicitar un espacio donde este acto pueda tener lugar. Esperamos poder hacer en los próximos días una nueva convocatoria que no sea necesario modificar ni suspender.
Recordamos que como reconoció el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 15/01/2001 que falló a nuestro favor:
“No cabe la menor duda de que la divulgación de la existencia de irregularidades en la prestación de un servicio público […] constituyen una actuación de interés general[…]  Quienes tiene a su cargo la gestión de una institución del estado, deben soportar las críticas de su actividad, por muy duras e incluso infundadas que sean y, en su caso pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento. […](STC 143/1991,FJ 5).
Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público”.

06 Mayo de 2008
ASAPA Asociación de seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón

Revocan la orden foral de acreditar la edad con pruebas médicas

marzo 5, 2008
la audiencia de gipuzkoa avala a un menor al que estas pruebas le habían determinado tres años más.

bilbao. Una sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa ha revocado la orden foral 15 del 23 de enero de 2006 de la Diputación de Gipuzkoa por la que a los menores no acompañados se les practicaba automáticamente pruebas médicas para determinar su edad, aún teniendo el pasaporte. Las pruebas perjudicaron a un menor nacido el 25 de noviembre de 1991 que, cuando tenía 14 años la fiscalía le adjudicó 17 tras la petición de estas pruebas a pesar de que tenía pasaporte.

La sentencia recuerda a la diputación y a la fiscalía que el pasaporte es una documentación internacional que no necesita de pruebas médicas para avalarlo.

Debido al modo de actuar de la Diputación y la fiscalía de Gipuzkoa, que para averiguar la edad de los menores recién llegados les realizan pruebas médicas, algunos chavales han sido catalogados por este procedimiento a pesar de contar con su propio pasaporte. Si bien es cierto que muchos chicos llegan a Euskadi sin documentación, normalmente por temor a ser repatriados inmediatamente, estas dos instituciones han puesto en duda la veracidad del pasaporte expedido por las autoridades marroquíes, como evidencia la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Desde SOS Racismo aseguran que el afectado en este auto no es un caso único y recuerdan que para los menores es “importantísimo” estar documentados. Sólo con ellos pueden acceder al mercado laboral cuando la edad se lo permite.

premio y castigo Por otra parte, la dudosa validez de las pruebas médicas a la hora de acreditar la edad de todos los chavales ha puesto en evidencia otra problemática en los centros de menores. Un miembro de esta ONG en Bilbao, Diego Jauregi, asegura que en ocasiones la obtención de los papeles “se utiliza como método de premio y castigo ante las conductas de los chavales cuando se portan mal”.

Para Jauregi, las diputaciones deberían cumplir “su papel de tutores legales de los menores debidamente”, un rol que no están cumpliendo todo lo bien que deberían a su juicio. “Las condiciones laborales de los trabajadores y la falta de recursos agravan una situación ya de por si complicada en estos centros. Es como si tus padres se pasaran los días discutiendo y en casa no hubiera dinero suficiente para llegar a fin de mes. La educación de los hijos, inevitablemente, se resiente”. >g.f.

DETENIDAS CUANDO VISTABAN A SU HIJO

enero 10, 2008
El matrimonio rumano fue detenido cuando acudía a visitar a un tercer hijo
La detención de los padres de los dos niños rumanos fugados del Centro de Acogida “San Juan Bautista” de Badajoz se produjo cuando se presentaron en esta institución para interesarse por la situación de otro hijo internado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Extremadura
 
El matrimonio rumano fue detenido cuando acuda a visitar a un tercer hijo

Entrada del centro de menores San Juan Bautista de Badajoz.
La Policía Nacional detuvo ayer en Badajoz a los padres de los rumanos desaparecidos del Centro de Acogida ‘San Juan Bautista’ de la capital pacense, según informó la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira. Los padres, que responden a las iniciales F.R. y M.R., fueron arrestados ayer como presuntos autores de un delito de Sustracción de Menores.
La detención fue posible gracias a la colaboración de los funcionarios del centro, dependiente de la Junta de Extremadura.

Al matrimonio se le acusa de trasladar a los menores del lugar de residencia sin consentimiento de la institución a la cual estaba confiada su guarda, a finales del pasado mes de octubre.
La Delegación del Gobierno en Extremadura ha determinado que uno de los hijos, concretamente la hija mayor, telefoneó al padre para decirle que se habían escapado y que fueran a recogerlos.
Una vez los padres localizaron a los menores en las proximidades de la Avenida de Sinforiano Madroñero de Badajoz, se trasladaron a la localidad pacense de Valdivia, donde estuvieron residiendo durante una semana en casa de un primo.
Posteriormente, viajaron los cuatro a Rumanía y dejaron a los dos menores viviendo con uno de los abuelos.
Los padres regresaron a Badajoz el pasado 21 de noviembre.

Atención

El caso de estos dos menores, una niña de diez años y un niño de ocho, salió a la luz pública cuando a finales del pasado mes de octubre desaparecieron del centro de menores San Juan Bautista de Badajoz.

Fue especialmente llamativo porque eran los dos tíos de una niña de tres años que había fallecido unos días antes en Talarrubias debido a los malos tratos de sus progenitores.

Uno de los detenidos ayer, la madre de los desaparecidos, es una mujer de 34 años que a su vez era abuela de la niña muerta. Además, tenía una orden de alejamiento de esta nieta fallecida y de su otra hermana, que tiene año y medio y que está acogida en el centro de menores Pedro de Valdivia de la localidad de Villanueva de la Serena.

Según explicó en su día en la Asamblea la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, en un centro de menores los niños pueden estar acogidos en régimen de guarda. Es decir, los padres son totalmente responsables de ellos, pero éstos están internos por falta de recursos económicos. Otro caso de acogida se produce cuando la Junta tiene la custodia de los pequeños, es decir, que hay un caso claro de falta de protección por parte de los padres porque los pequeños no van a la escuela, no comen bien, hay indicios de malos tratos, abandono…

Acogidos

Pero los menores que habían desaparecido, según Lucio, no estaban en ninguno de esos dos regímenes, sino que se encontraban en acogida residencial o temporal, que es el tercer caso que se da en este tipo de centros. «Cuando la Guardia Civil recibe algún aviso de que hay niños maltratados, inmediatamente se pone en contacto con los Servicios Sociales y éstos actúan de forma automática trayéndoselos a algún centro. En ese momento pasan a ser acogidos, pero la Junta no tiene la custodia»

También recordó que los menores pidieron permiso para ir a comprar golosinas y que aprovecharon el momento para marcharse con su madre. «Se les dio dos euros para que fueran al quiosco. Cuando pasaron veinte minutos y no regresaban, el educador salió a buscarlos, pero ya no estaban. El quiosquero le contó que habían cambiado dinero, habían llamado por teléfono y se habían ido. En ese mismo momento ya se dio parte a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», explicó Lucio.

Según se sabía, los dos rumanos se encontraban «con su familia en paradero desconocido», posiblemente con su madre en Sevilla.

CADA VEZ MÁS HIJOS DEL ESTADO. 27000 niños bajo la tutela de las autonomía. (El país, 14.11.2007)

diciembre 6, 2007

El Estado actúa crecientemente para quitar la tutela a los padres de niños en desamparo. Pero su actuación, que alcanza a 85 niños de cada 100.000 en España -en 1997 eran 61,8-, arroja a veces situaciones discutibles y está sometida a muchas críticas por no favorecer la prevención.

Yeray no lo sabe pero, a día de hoy, es hijo del Estado. No son sus padres quienes se ocupan de cambiarle pañales, alimentarle o vacunarle, sino las enfermeras del hospital sevillano de Valme, donde nació con un síndrome de abstinencia legado por su madre, que empezó a combatir la toxicomanía con metadona durante su reclusión por un atraco. Abuelos, tíos o primos tampoco pueden visitarle: el contacto familiar ha sido prohibido por el Servicio de Menores de la Junta de Andalucía tras declarar al recién nacido en desamparo. Cuando reciba el alta médica, irá a un centro de protección, donde permanecerá por un tiempo indefinido hasta que la Administración decida si este bebé de apenas dos meses será cuidado por parientes o acogedores anónimos.

En España hay 27.000 menores en el sistema de protección, construido para tutelar a niños abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar de que su universo demográfico decrece (los menores de 17 años eran el 19% en 1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen también los menores extranjeros no acompañados que deben ser tutelados si carecen de allegados en España (las reagrupaciones familiares en el exterior son mínimas).

Yeray es una incorporación reciente al sistema. Infrecuente. Se diría que su destino está en manos del Estado desde antes de nacer. Sus padres, Antonia F. P. y Rafael B. G., se conocieron durante una obra de teatro en la prisión. Se casaron en un permiso penitenciario. Y Yeray se gestó durante un “vis a vis”. A Rafael le trasladaron, con custodia policial, desde la prisión de Córdoba hasta el hospital sevillano para que pudiera conocer a su hijo. Antonia, tras recuperarse del parto, regresó a la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que cuenta con una unidad modélica para madres presas. Volvió destrozada, sola, sin bebé.

“Es politoxicómana de larga duración”, “no ha mostrado ningún interés real por mejorar sus aptitudes parentales”, “es agresiva y manipuladora, con una grave trayectoria delictiva y disciplinaria”, “incapaz de atender las más mínimas necesidades de sus dos hijos anteriores”, dice la Administración en la resolución que decreta el desamparo provisional del pequeño.

Antonia no se resigna y batallará por la tutela en el juzgado. Desde la cárcel, en una conversación telefónica, se atropella para intentar contarlo todo. Es cierto que tiene un largo historial de consumo de drogas, que ha atracado y que se ha despreocupado de sus dos hijos anteriores, uno de ellos dado en adopción y el otro criado por su padre. Pero defiende su derecho a “una oportunidad”. “¿Es que tienen una bola de cristal para saber lo que voy a hacer?”, cuestiona.

No. Pero la Administración considera que, dados los antecedentes y el entorno, debe intervenir ante “la vulnerabilidad” de Yeray. “La clave para actuar es la protección del menor”, expone José Luis Calvo, portavoz de Prodeni, asociación de defensa de los niños. “Incluso en situaciones peligrosas, los padres suelen reclamar a sus hijos porque tienen una sensación de propiedad sobre ellos. Es un criterio sobrepasado, el niño es una persona autónoma de la madre, jurídicamente hablando”, tercia.

Al sistema de protección de las autonomías -es una competencia totalmente descentralizada- van a parar las víctimas de graves delitos (abusos sexuales o maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y también los que, como Yeray, son considerados en riesgo de padecerlo. El 70% desembarca en el sistema por negligencia y desatención.

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la prevención, la atención a las familias y la vuelta a casa “siempre que sea posible”.

“La ley prevé expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirugía desesperada del desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situación de riesgo”, se queja José Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a Antonia y que antes representó a otras madres biológicas de Sevilla a las que la Junta había retirado sus hijos.

“La inversión social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos a afirmar que se quitan sólo los niños a los pobres. Con la reclusa es más fácil actuar que con familias de ingresos altos”, abunda el portavoz de la asociación Prodeni, José Luis Calvo. “La institucionalización de la protección del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a diferente velocidad”, añade.

La prevención requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar factores de riesgo, también. “Los presupuestos en servicios sociales suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciación se está despertando poco a poco”, afirma Miguel Ángel Ruiz, profesor de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

“La pobreza no es el problema”, dice taxativo el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios. “De cada 10 niños en protección, siete están por negligencia, son los menores que pueden quedarse solos cuatro días, que están desnutridos, a veces sus padres ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de adicción”. Remacha: “La combinación de adicciones y problemas mentales suele ser fatal”.

Palacios cree que se está reforzando la prevención y pone el ejemplo de Andalucía, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no existían hace una década: “Es un progreso importante que permite hacer una evaluación más segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pronósticos basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no”.

Aunque los errores sean mínimos, su impacto es infinito en la vida de los afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el contexto de la familia biológica está detrás de casos espeluznantes como el de Carmen Fernández, que perdió la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su alcoholismo. Los niños fueron entregados a una familia con fines adoptivos cuando aún no había transcurrido un año de la retirada y a pesar de que la rehabilitación de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad. La mujer litigó en los tribunales durante años hasta que le dieron la razón. Su victoria fue también una derrota. Había pasado tanto tiempo que la Audiencia de Sevilla admitió que era imposible la reunificación familiar. A cambio, condenó a la Junta de Andalucía a indemnizar a la madre con 1,7 millones de euros por la “privación ilegítima” de sus hijos. Han pasado 11 años y aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de la Junta.

Pero las políticas parecen ir cambiando. “Antes se tomaban decisiones demasiado drásticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biológicas han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisión de separación por miedo a que se organice el follón”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”, completa el adjunto al defensor del cuidadano de Barcelona Marino Villa.

El proyecto de salida de Yeray está en fase de diseño. Su madre se ha opuesto en los tribunales al desamparo. Ningún familiar puede verle. Unos tíos se han postulado como acogedores. Hace pocos días, Soledad, la abuela de la niña, recibió la visita de técnicos de protección que evalúan el entorno familiar. “Se sorprendieron por la casa”, cuenta Soledad en un salón repleto de fotos de bodas, comuniones y celebraciones. El último retrato incorporado a la galería es el de Yeray. El duodécimo nieto de Soledad. Uno de los 27.000 hijos que tiene el Estado.

Sólo dos años para denunciar

El pleito sobre el destino familiar de la niña de Benamaurel duró nueve años y llegó al Constitucional. Los vaivenes del niño del Royo comenzaron en 1999 y siguen. Piedad, nombre falso tras el que está la historia de una pequeña canaria de 5 años, ha cambiado de entorno tres veces desde que nació y su caso sigue rodeado de incertidumbre. Cuando hay conflicto, la duración de los procesos judiciales y la contradicción entre las decisiones acaba marcando a los niños irremediablemente.En el proyecto de ley sobre adopción internacional, que está dando sus últimos pasos en el Congreso, se establece un plazo máximo de dos años para que los padres biológicos puedan oponerse al desamparo de sus hijos en los tribunales. Camuflados entre los artículos relativos a la adopción de menores extranjeros, se ha incluido una serie de medidas que modifican el Código Civil y que afectan de lleno a los pleitos sobre la custodia de menores. Hasta ahora, la familia biológica podía acudir a los tribunales sin límite de tiempo. Si la ley se aprueba con su redacción actual, tendrán dos años para hacerlo desde que se les notifica la resolución del desamparo. ¿Pasado dicho plazo decaerá su derecho de solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor?, dice el proyecto de ley. La medida despierta reacciones encontradas. Uno de los agujeros de la legislación española es que no había plazo. A los siete años podía aparecer una madre biológica y ¿tenía derecho a recurrir?, sostiene el catedrático Jesús Palacios, defensor de acotar este paso. ¿En la práctica va a suponer una reducción de las garantías de quienes tengan la desgracia de acudir a los tribunales impugnar estas resoluciones?, se queja la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores.Este límite, a juicio del letrado José Antonio Bosch, no evitará que algunos litigios se puedan eternizar: Lo hacemos larguísimo entre todos, es simplista creer que cortar el tiempo a los padres lo arregla. ¿Se podrían fijar tiempos máximos para el juez y la administración?. El proyecto legislativo no da esos plazos, aunque establece que los procedimientos sobre protección de menores tendrán carácter preferente, lo que también obliga a modificar artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El fiscal cierra el centro de menores LAURISILVA, en Telde, Canarias.

diciembre 3, 2007

centroLos Servicios Sociales del Cabildo de Gran Canaria se vieron forzados ayer a desalojar el centro de menores de protección Laurisiva, en Ojos de Garza (Telde), después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia realizara una inspección y determinara que el hogar no reune las mínimas condiciones para acoger a niños.

La Fiscalía ordenó ayer el desalojo del centro tras realizar dos inspecciones y constatar que las instalaciones no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene ni cumplen con las funciones de formación para las que está creado, confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

El Laurisilva, ubicado en la urbanización Ojos de Garza, es un centro de atención inmediata para niños de entre 13 y 17 años. A él puede ir a parar cualquier menor que se encuentre en una situación de urgencia (padres alcohólicos y falta de un familiar que se haga cargo, hijos de personas detenidas, etcétera) y en el permanece hasta que se tome una decisión de carácter definitiva. Por ley, está tutelado por la Administración. En Canarias, la tutela le corresponde al Gobierno autónomo, pero la gestión está derivada al Cabildo Insular y éste tiene contratada a una ONG que se encarga del funcionamiento del centro. En este caso, se trata de Mensajeros de la Paz, que según diversas fuentes percibe unos 70 euros por niño/día.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía acordó instar el cierre tras comprobar que de las cinco habitaciones que existen en el centro, tres carecen de cristal en las ventanas, que en la mayor parte del centro no hay mobiliario ni luz eléctrica y que la seguridad es muy deficiente.

No era un lugar para los niños

La fiscal de Protección de Menores admitió anoche a este periódico que había instado la clausura del Laurisiva, y confirmó que había tomado la decisión al considerar que el centro no reune las suficientes condiciones de habitabilidad e higiene como para garantizar la seguridad de los menores . La responsable del Ministerio Público declinó entrar en detalles sobre los pormenores de las inspecciones a las instalaciones de Ojos de Garza.

Cables pelados, frío, mal olor, suciedades

Según las fuentes consultadas, el fiscal que inspeccionó el centro se mostró asombrado de que se permitiera la convivencia de menores en unas instalaciones sucias, altamente deterioradas y sin las mínimas condiciones de seguridad para los menores. Si bien la franja de edad es de 13 a 17 años, en el momento de la inspección pernoctaba en el centro una niña de doce años. Al parecer, los cristales rotos en las ventanas de las habitaciones donde duermen los niños no se reponen desde el pasado septiembre, en la mayor parte de las habitaciones las bombillas o no existen o no funcionan y los baños están altamente deteriorados. La mayoría de los enchufes están rotos y carecen de carcasas de seguridad, en algunos casos son simplemente un agujero con cables. La casa está plagada de humedades y paredes desconchadas. El patio acumula restos de obras, basura y muebles deteriorados. Los niños carecen de mobiliario en condiciones para sentarse y no disponen de libros. Al cierre de esta edición los servicios sociales del Cabildo procedían al traslado de los menores a otros centro tutelados, tras poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

Otro ejemplo de cómo la protección y la criminalización se unen en la represión y control social de la infancia…

noviembre 20, 2007

Solo invitamos a la lectura de la noticia de prensa que se publica a continuación. A ver dónde queda el interés del menor, ahora la contención es protección. ¡Qué sinvergüenzas!


La Fiscalía de Menores de Valencia ha comenzado a pedir medidas de contención a los centros de protección donde han quedado internados los 25 niños que convivían con tres parejas de adultos en dos domicilios -todos de nacionalidad rumana-, tras la intervención policial que terminó con la detención de los supuestos padres.
Esta es la primera vez que se aplica el protocolo de actuación para la protección de los menores, que fue firmado el pasado 21 de septiembre con la Conselleria de Bienestar Social, el Decanato de los juzgados de Valencia y las fuerzas de seguridad.
Las medidas de contención consisten en que los niños no puedan ser sacados de los centros, incluso cuando se presenta un adulto con un documento que acredite su custodia hasta que se certifique que es verdadera y que tiene medios lícitos para su cuidado.
Antes, la policía trasladaba a los niños que cogían mendigando o delinquiendo por la calle, y llamaba a los padres, si podían ser localizados. Si el menor no se escapaba antes, llegaban los supuestos padres y lo recogían, con lo que ya no se podían hacer nada.
Ahora, con estas medidas, el centro no puede dejarlos salir, salvo que el supuesto familiar acredite la filiación del menor con documentación auténtica y autentificada por la Brigada de Extranjería. También se exige que se averigüe la situación en la que viven, es decir, los medios de vida lícitos con que cuentan para el cuidado del niño.
Como adelantó ayer Levante-EMV, las investigaciones policiales llevaron anteayer a la detención de dos matrimonios que vivían en un piso de Valencia con unos 15 niños, y a otra pareja que habitaba una nave abandonada del barrio de Nazaret junto a una decena de menores.
Los niños tienen entre dos meses y 17 años. De éstos, hay unos diez que tienen entre dos meses y cinco años. Los otros diez están por debajo de los 14. Luego hay un menor con 14 años, dos con 15 y otro de 17. Estos últimos son los únicos imputables legalmente.
Casi todos tenían ya expedientes
La Fiscalía les considera víctimas, pese a que algunos ya tenían algún expediente judicial abierto por alguna intervención policial al habérseles detenido mientras mendigaban o robaban tanto en cajeros automáticos como al descuido. La fiscal explicó que, «de prácticamente todos, hay abiertos expedientes de protección en la Fiscalía». En este sentido, el nuevo protocolo de actuación les declara automáticamente en desamparo.
Según la fiscal encargada del caso, «muchísimos de los menores ya están reseñados por la policía por otras intervenciones en las que se les había llevado al centro y de ellos se sabe que los detenidos no son sus padres». Los adultos con los que convivían presentaban fotocopias del libro de familia o de la partida de nacimiento en los que se hacían pasar por sus tíos.
Bienestar Social ha asumido la tutela de veinticinco menores tras la detención de los seis adultos en la operación contra los robos al descuido en cajeros. Cinco familias de acogida urgente se han hecho cargo de cinco niños y los otros veinte han sido distribuidos en cuatro centros de la Conselleria de Bienestar Social. Las familias han acogido a los menores más pequeños, según precisaron fuentes de Bienestar Social. Los niños tutelados tienen entre dos meses y diecisiete años. Los seis mayores de edad pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Consideran desmantelada la red La policía considera que está desmantelada la banda que a los largo de los últimos seis meses había venido cometiendo centenares de robos en cajeros automáticos valiéndose de niños rumanos a los que distribuían a diario por distintos puntos de Valencia y obligaban a recaudar determinadas cantidades de dinero.

De esto a declarar en desamparo a cualquier niño o niña que tengan padres en situación irregular queda un paso mínimo.

ANDALUCÍA EXPULSARÁ A 1000 MENORES

octubre 14, 2007

fuente: periodico diagonal

 


Cerca de 1.000 menores marroquíes, hasta ahora acogidos en el Sistema de Protección Andaluz, serán devueltos a su país de origen por medio del “reagrupamiento familiar” a partir de septiembre, según la Administración.

menores 16

Estas repatriaciones las anunció el Gobierno autonómico de Andalucía, tras indicar que el objetivo final de la protección institucional del menor es el retorno a su familia de origen. Todo ello en nombre “del interés superior del niño” y de conformidad con los Convenios sobre la protección de los Derechos del Niño, ratificadas por el Estado español. Los otros argumentos mencionados por la Administración andaluza distan mucho de ser tan altruistas. Consisten en interpelar a las familias de origen de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y al Gobierno marroquí, para que hagan frente “a sus responsabilidades respecto a la suerte de estos menores”.

Menores cuyo número creciente “satura” las infraestructuras andaluzas de Ayuda a la Infancia. Menores que “en su mayoría, no corresponderían al perfil de protección fijado por la legislación española”, y cuya acogida pondría “en peligro” el sistema de protección andaluz, y a posteriori el español. Siguiendo con este análisis el Gobierno español no tendría obligación alguna con este colectivo, al tratarse de menores que supuestamente provienen de “familias estructuradas que pueden perfectamente encargarse de ellos”. Quedaría legitimada así la repatriación de éstos, sin incumplir sus obligaciones legales.

El anuncio de esta medida de repatriación masiva, con la que se pretende reagrupar a 988 menores sobre un total aproximado de 1.200 acogidos, permite a la Comunidad Andaluza cambiar de rumbo y lanzar un mensaje de dureza a la comunidad internacional. Andalucía se caracterizaba hasta ahora por su prudencia en cuanto a la protección de la infancia, pues, entre otras cosas, no había procedido a ninguna repatriación de MENA desde hacía más de tres años. Tras este anuncio y a imagen de Comunidades como Madrid o Cataluña, el Gobierno andaluz radicaliza su posición y aborda el fenómeno del MENA en términos de gestión ordenada de los flujos migratorios, a partir de un prisma de represión y de lucha contra la inmigración ‘clandestina’. Así se evitaría el riesgo de abrir la vía “a una nueva filial de la inmigración ilegal”, según declaraciones de Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración.

Pero también para los medios de comunicación los MENA ya no son niños, son “inmigrantes ilegales”, o “candidatos precoces a la inmigración clandestina”, lo que influye negativamente en el imaginario colectivo. La estigmatización del colectivo MENA, ampliamente percibido como un “problema”, o incluso como una “amenaza” para la sociedad española, provoca el rechazo y la legitimación de una represión cada más extensa hacia ellos.

Esta “criminalización” -según el informe de Mercedes Jiménez Racismo institucional: Malos tratos de la Administración española a los menores extranjeros no acompañados- del MENA, definido antes por su condición de “inmigrante en situación irregular” que por su condición de menor en desamparo, sujeto de derechos y de protección especial, oculta ampliamente el hecho de que son niños antes de ser inmigrantes.

Niños en situación de riesgo y de gran vulnerabilidad, que ponen sus vidas en peligro a una edad cada vez más temprana. Numerosos colectivos y organizaciones han expresado al Gobierno central su preocupación, y al Gobierno andaluz su rechazo absoluto hacia esta repatriación masiva y represiva.

Cuestionan las condiciones en las que se efectuarán estos “retornos asistidos” y denuncian las repatriaciones sin garantía que se produjeron en otras Comunidades. Igualmente resaltan que tampoco resuelven el problema: algunos menores acumulan más de diez devoluciones y aún así vuelven a intentar la travesía, poniéndose en peligro, ya que el retorno forzado, oportunamente llamado “reagrupamiento familiar”, no corresponde ni a su voluntad ni a un interés superior. Será necesario luchar para que la sociedad civil perciba a estos niños como menores con necesidad de protección, como recordaba el Consejo de Europa, en agosto, al declarar que los menores inmigrantes “tienen los mismos derechos que los otros niños”. Sólo así podremos esperar cambiar las políticas conservadoras y represivas.

podéis encontrar más información sobre el tema en el enlace al reportaje que el periódico diagonal ha dedicado a esta realidad.

enlace diagonal menores

PRIVATIZACIÓN DE CÁRCELES DE MENORES. El 73% de los reformatorios de menores pasa a manos privadas en sólo cinco años

septiembre 8, 2007

El sistema de gestión por particulares es mayoritario, excepto en Cataluña y Extremadura

 

Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas en un 73%. Son las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido delitos cumplen medidas de privación de libertad. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Andalucía y Madrid, más del 83% de los centros está ya en manos privadas. Numerosos abogados, jueces, asociaciones de menores e instituciones como el Defensor del Pueblo canario critican las carencias de este sistema y defienden que la restricción de la libertad es tarea del Estado.

Los centros en los que los menores de 18 años cumplen las medidas de privación de libertad cuando cometen un hecho delictivo están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas. En España nunca se ha contemplado privatizar el sistema penitenciario de los adultos. En el caso de los menores, hasta hace seis años, tampoco. Pero en 2000 se aprobó la Ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los centros de reforma.

La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas. Por este motivo se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas. El número de internos fluctúa, pero se puede decir que en estos momentos en España está en torno a los 2.750, atendiendo al número de plazas de los 100 centros existentes.

Idea inicial

Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que participó en la elaboración del borrador de la Ley del Menor, explica que la idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. “Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”, asegura.

Pero así fue. En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas. Todos los nuevos, de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan de forma directa de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.

¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Y siempre lo son. Pero la gestión también lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tienen que encargarse a alguna empresa. Y cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. Por ejemplo, la fundación Grupo Norte, que gestiona cuatro centros en Madrid, encargaba a Prosintel la vigilancia. Prosintel es una de las empresas de Grupo Norte.

En Madrid, este sistema cambió el pasado enero. La comunidad elige ahora directamente por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en todos los reformatorios. Prosintel es ahora una de las encargadas de la seguridad general.

El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en prensa en el que se pedían educadores “para empresa en expansión”. La Fiscalía averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. “Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio”, señala. La gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, según sus detractores.

El principal es si el Estado puede y debe delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad. La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. “La gente ni siquiera lo sabe”, exclama, y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los menores. “Centros de internamiento, de reforma, centros educativos, son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos”.

Pantoja considera que “la libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no puede dejarse en manos privadas”. De la misma opinión son el Defensor del Menor de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal. Tanto la Fundación Ginso, que se encarga de varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que lleva 23 centros en toda España, renuncian a entrar en el debate. “Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa”, explica un portavoz de Diagrama.

Canarias da marcha atrás

Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI. Pero los responsables fueron destituidos en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación. Para paliar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómico fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo.

El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.

Durante 2005 y a pesar del cambio en la gestión, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como “insostenible”, por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo). En junio de ese año el gobierno autonómico anunció un plan de choque, que, según afirma, está funcionando. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo canario aseguran que todavía queda mucho por mejorar.

INFORMES SOBRE REPATRIACIONES Y TRATO EN CANARIAS A “menores no acompañados”

agosto 4, 2007

Sabemos que en el tratamiento a los menores extranjeros se expresa lo peor de la ley de extranjería y lo peor de la ley de protección, de manera que el maltrato es manifiesto en todos y cada uno de los casos de los chavales que conocemos.

Además de ello todas las organizaciones que se dedican a hacer informes sociales coinciden en lo sangrante y alarmante de la situación.

enlazamos en esta noticia dos de ellos, uno antiguo (2005) sobre el “después”, que sucede cuando repatriamos a los chavales, y otro muy reciente sobre la realidad en Canarias, que como sabemos hace de cuello de botella en las migraciones de los menores, y es lugar de expresión de las políticas más represivas y vulneradoras de derechos.

menores retornados

canarias