Archive for 22 febrero 2007

CAMPAÑA PARA EXIGIR INDULTO A SANTIAGO (11 años de internamiento por unos móviles)

febrero 22, 2007

CAMPAÑA PARA EXIGIR EL INDULTO DE SANTIAGO
A Santiago M. J. le han condenado a 11 años de prisión porque el pasado 18
de marzo por la noche, entre las 23:30 y las 2:30 robó cuatro teléfonos
móviles, una tarjeta del autobús y trece euros. Santiago tiene ahora 21
años, no había cometido ningún delito hasta ese rato y está preso en la
cárcel de Zuera.
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Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA)
estamos promoviendo un indulto para él, y para eso buscamos adhesiones,
muestras de apoyo personales y de colectivos. Pensamos que el indulto tiene
que ser más que un alarde de compasión institucional; también debe ser una
herramienta de política criminal que evite costes inútiles, tanto para las
personas que directamente sufren el castigo como para la sociedad. Los 11
años de encierro con los que nuestra justicia penal ha respondido a este
suceso no van a resolver ningún conflicto, ni a hacer justicia, ni a
reparar a nadie. Empeñarse en aislar, en poner rejas de por medio y
profundizar en la exclusión a través de inflar las penas no es manera de
resolver los conflictos sociales, no lo podría ser en ningún contexto y
mucho menos en éste que vivimos de injusticia social tan feroz.
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A Santiago entrar en prisión le va a servir para que se multipliquen sus
posibilidades de engrosar esa categoría criminológica de “polirreincidente”
en la que está estudiado estadísticamente que entran alrededor del 90% de
los chavales que están presos antes de los veinte años (vuelven a entrar a
lo largo de su vida hasta cuatro veces más, reeducados perdidos y
reinsertados por el estado). A su familia le servirá para sufrir la
ansiedad de verle preso, como a sus amigos, y de tratar de salir adelante
sin él. Al estado le servirá para gastarse unos 55 millones de pesetas en
garantizar este proceso de desintegració n social, y no apostar por medidas
alternativas a la prisión, por trabajar en contextos de relación, de
comunidad, de diálogo, que ya se han demostrado eficaces para ajustar
niveles de asimetría social, y que son incalculablemente más baratos.
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Las cuatro personas a las que Santiago robó necesitaban ser reparadas
patrimonialmente en los efectos que se les sustrajeron, ya lo fueron, y
probablemente necesitan también quitarse de encima el susto que les dio. Se
les quitaría sin duda ninguna teniendo una charla con él, un encuentro
distinto del que tuvieron, tan sumamente crispado por su situación, se les
quitaría sabiendo de sus razones y haciéndole escuchar las de ellos mismos,
ofendidos por el delito, como acostumbra a hacerse en los procesos de
mediación penal. Ahora hablar con él sigue siendo una suerte, pero resulta
mucho más complicado, casi impensable porque está dentro de una macrocárcel
lejana a cualquier núcleo de población.
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Santiago necesita estar con su familia, volver a San Pablo, contar con el
apoyo de sus amigos, del entramado social y de los recursos de su barrio,
disponer de su vida y responsabilizarse de sus comportamientos. Nada de
todo eso, ninguna reparación, ningún “hacer justicia” pasa por estar
encerrado durante once años.
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La cárcel lleva demasiado tiempo generando miseria y discursos miserables
que la legitiman contra los propios datos, de fracaso incontestable (la
gran mayoría de los presos son reincidentes, luego la cárcel no cumple sus
fines declarados) y la realidad que la prisión aporta como reforzadora de
la ya previa exclusión social de quienes la padecen desde dentro. Es una
necesidad inexcusable denunciar nuestra justicia penal, que permite
castigos tan sangrantes y absurdos como el que le han puesto a Santiago. Es
una necesidad diseñar una manera de resolver los conflictos que sea útil,
que no nazca del castigo y la desigualdad, alternativa a la prisión, y
mientras tanto propiciar fórmulas de desjudicializació n de los conflictos,
especialmente los menos graves, reducir los plazos de
estancia en prisión, potenciar el recurso a la suspensión y la sustitución
de penas privativas de libertad y apostar por la progresión inmediata a
tercer grado.
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Agradeceríamos que nos hicieras llegar tu muestra de apoyo a la petición de
indulto para Santiago M. J. a ASAPA por cualquier medio. Os recordamos que

se adjuntan dos plantillas con ese fin.
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>.
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>asapa_zgz@hotmail. com
>
>asapa@cespp. comC/Barrioverde 10 – 50002 Zaragoza

Nueva cárcel de menores en ZARAGOZA.

febrero 19, 2007

 carcel niños

La ampliación sistema carcelario para los menores sigue su curso.

Ahora ha sido del Centro de Internamiento de menores SAN JORGE, de cúal se atreven a proclamar que es uno de los más seguros del Estado, con todos los sistemas de seguridad y anti-fugas más modernos…

Con dichas premisas no hay ni que discutir sobre donde queda el supuesto papel resocializador y educativo de las medidas que sufren los chavales.

DIAGONAL-aragón  ha publicado un artículo sobre ello.

Más jornadas de formación. NAZARET (VALENCIA)

febrero 18, 2007

cartel-enredos-2.jpg

Parece que la necesidad de formación es necesidad común en los colectivos que están con chavales y chavalas.

Aquí presentamos la propuesta de la gente del barrio de Nazaret (Valencia), que han optado por un modelo de taller para profundizar de forma participativa sobre diferentes aspectos de la realidad de los chavales.

Entre otros, Enrique Martínez Reguera , dinamiza una de las sesiones.

Os podéis descargar el tríptico aquí.

triptico-informacion-1.jpg

Algunas reflexiones sobre el tratamiento periodístico de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor

febrero 12, 2007

 

Aunque un poco anticuado, reproducimos un artículo que se escribió acerca del tratamiento periodistico que se dio a la ley penal en su puesta en vigor.

En los 6 años de aplicación todo lo que plantea este texto no ha hecho más que aumentar, por lo que vemos necesario remarcar el papel cómplice que están teniendo los Medios en la conformación de la infancia como una factor de riesgo para la sociedad.

Esta inercia desinformativa está siendo ampliada en el tratamiento a las noticias de agresiones a profes y niños en los colegios, inexistiendo un análisis profundo en los medios que participan en el debate público.

Resulta alarmante la campaña manipuladora que están haciendo los grupos de presión a través de los medios de comunicación para convencer a los ciudadanos y votantes en particular que nos enfrentamos a la proliferación de niños violentos, locos, drogadictos; a una violencia juvenil que debe ser atajada por los medios que sean. Poco a poco se va consiguiendo que los ciudadanos crean en la existencia de niños y adolescentes “monstruos” frente a los que no caben los derechos humanos, las Declaraciones sobre infancia, ni los tratados internacionales. Con el tiempo se está creando un espacio de indefensión jurídica, de abuso institucional, de corrupción de menores y de mercado de niños.

Igual de sospechoso resulta el chaparrón de noticias, en el que la muerte y la violencia se asocian sistemáticamente a los niños. Todos los días los medios de información / adoctrinamiento parecen estar dispuestos a conmocionarnos con el caso de algún chiquillo que, sin aparente motivo, o es victima de su parentela o es él quien les ha rebanado la nuez. Y por si el catálogo de horrores vecinales fuera escaso, un día y otro y otro nos traen a cuenta el horror de los chiquillos que se lían a tiros en los patios de un remoto colegio norteamericano o… vete tú a saber cuál será el sofocón de la prensa matutina de mañana.

Salta a la vista que se está procurando la saturación de noticias en esa dirección. En cualquier época y lugar puede ocurrir lo excepcional por indeseable que sea, pero ese afán por acumular noticias de menores peligrosos o en peligro no ocurre por casualidad. De nuevo la muerte como utilidad. A alguien le interesa que desconfiemos de los muchachos y sobre todo, que sean ellos quienes desconfíen de sí mismos. Alguien tiene muy bien aprendido aquello de divide y vencerás y cultiva con sorprendente soltura la disgregación interior y la disgregación social: padres sospechosos contra hijos sospechosos, alumnos contra profesores, mujeres contra maridos, el acoso sexual relegando a segundo plano a la esclavitud laboral.

La aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor viene a sumarse, como materia informativa, al universo periodístico “menores problemáticos”. Y esta incorporación se realiza en la línea informativa anteriormente citada.

Se pueden encontrar dos grandes grupos de noticias en relación a dicha Ley:

– Las informaciones sobre menores que delinquen, se siguen construyendo de la misma forma, destacando el acontecimiento aislado, personificando excesivamente dichos acontecimientos y apoyándose en la dramatización informativa. De esta forma, se responde –aun así de forma anecdótica y espectacularizada- al qué, quién y cómo, abandonando en el camino periodístico el por qué, o aludiendo a sus razones más inmediatas. El lenguaje es un instrumento al servicio de esta línea informativa. Este amarillismo, casi al modo de los folletines truculentos que se publicaban por entregas en la prensa durante el siglo XIX, domina sobre la información contextualizada, e impide reflexionar sobre el sentido de los acontecimientos, aunque se envuelva en un aparente sensación de objetividad. Paradigmas informativos en este sentido serían, por ejemplo, casos como los del “Crimen de San Fernando”, en Cádiz, o el “Crimen de la Movida”, en Sevilla.

En estas informaciones, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor viene a sumarse como un aspecto informativo presente en las mismas. En el período previo a su entrada en vigor, predominan las noticias en las que se destacan las ventajas que para los menores acusados en estos delitos va a suponer la puesta en marcha de la Ley. En estas noticias, sobre todo en la construcción de los titulares, se crea un juicio paralelo al que va a transcurrir en los Juzgados: “Las asesinas de Clara serán excarceladas” (El Correo, 12/01/00): esta noticia se publica cuando aún no ha comenzado el juicio y dentro de la propia noticia podemos leer que la puesta en libertad de las menores es una posibilidad y no un hecho ya verificado. En la misma información se recogen declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial de Huelva y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, Joaquín Sánchez Ugena, afirmando que “no se puede dejar en la calle a asesinos y violadores por el hecho de que tengan menos de 18 años, ya que este tipo de hechos puede provocar un “clamor popular e incluso linchamientos”.

– También encontramos noticias específicas sobre la propia Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. En ellas, se destacan reiteradamente una serie de aspectos.

Por un lado, la falta de los recursos necesarios para que su puesta en marcha no sea un fracaso; por otro, se transmite continuamente la idea de que, con la entrada en vigor de la Ley, se “abrirán las cárceles para muchos jóvenes” (El Correo, 21/11/01). Esta última información se ofrece a través de datos, que muchas veces son estimaciones, pero que dan sensación de objetividad y rigor científico.

Otro ejemplo en torno a estas ideas lo encontramos en la noticia “Falta dinero y sobran menores conflictivos” (El Correo, 14/01/01), en la que se insiste en la falta de recursos humanos y materiales para aplicar la Ley en condiciones adecuadas, así como la impunidad que puede suponer para los menores infractores. De esta forma, la falta de recursos se centra en la puesta en libertad de menores implicados en casos de homicidios, por falta de equipos técnicos cuyos informes son obligatorios para emitir una determinada medida (por ejemplo, “Jóvenes acusados de homicidio, en libertad por falta de medios”, El Mundo, 22/06/01). Sin embargo, no se hace referencia a que la falta de recursos afecta de forma general y más grave a todas aquellas medidas que se pretenden educativas en dicha Ley.

Detrás de cada menor que delinque existe una complejidad realidad y una responsabilidad colectiva en torno a qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué tipo de comportamientos se potencian en la misma. Sin embargo, una vez producido un determinado comportamiento considerado “disocial”, esta responsabilidad recae exclusivamente sobre el menor, presentado como un “monstruo” capaz de cometer los actos más aberrantes. Los menores que cometen delitos son desterrados como objeto de protección y se convierten en una “carga”.

comienza el CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA para la ACCIÓN SOCIAL con MENORES

febrero 5, 2007

Esta semana, por fin, comienza el curso de Formación que se ideó en la Asamblea de la Coordinación Estatal en defensa de los niños y las niñas, en mayo de 2006.

La convocatoria ha sido un éxito, y en las tres ciudades participantes, Murcia, Burgos y Valencia, se han formado grupos numerosos de personas provenientes de distintos ámbitos.

Será interesante compatir y evaluar lo que va a significar esta experiencia de formación autogesionada.

ya iremos contando.

curso

El Consejo General de la Abogacía denuncia falta de garantías esenciales en las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados

febrero 1, 2007

Parece que la barbaridad que todas obsevamos en el trato a los mejores extranjeros, también tiene su base jurídica.

Ahora son los abogados los que ponen el grito en el cielo diciendo que tras el problema humano también hay un problema jurídico, con el que la vulneración sistematica de derechos está al orden del día.

Para quien quiera ahí va el comunicado del Consejo General de la Abogacía.

comunicado Consejo General de la Abogacía