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Condenado a dos años un marroquí que recogió a su hermano y tres compatriotas tras llegar en patera

diciembre 29, 2007

   La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería condenó a dos años de prisión a un hombre de 25 años identificado como A.J., de nacionalidad marroquí y vecino de San Isidro (Níjar, Almería), por recoger con su vehículo a su hermano y otros tres compatriotas, que habían llegado de forma irregular a la costa de Almería.

   Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez consideró al joven, sin antecedentes penales, culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros por el que le impuso la pena de dos años de prisión solicitada por el Ministerio Fiscal y con la que la defensa se mostró conforme.

   Sobre las 08.45 horas del 29 de octubre de 2005, según los hechos probados, la Policía Local de Adra (Almería) sorprendió al acusado en una vereda estrecha del paraje abderitano de Fuentedesantilla, próximo al hostal ‘Zapata’, cuando se disponía a poner en marcha un turismo de su propiedad con otros cuatro ocupantes en su interior.

   Al percatarse de la presencia policial, los cinco varones se dieron a la fuga, aunque los agentes lograron detenerlos y constataron que cuatro de ellos –todos salvo el conductor– habían arribado al litoral en patera momentos antes junto a otras personas y que el acusado, hermano de uno de ellos, se había trasladado al paraje para recogerlos.

CADA VEZ MÁS HIJOS DEL ESTADO. 27000 niños bajo la tutela de las autonomía. (El país, 14.11.2007)

diciembre 6, 2007

El Estado actúa crecientemente para quitar la tutela a los padres de niños en desamparo. Pero su actuación, que alcanza a 85 niños de cada 100.000 en España -en 1997 eran 61,8-, arroja a veces situaciones discutibles y está sometida a muchas críticas por no favorecer la prevención.

Yeray no lo sabe pero, a día de hoy, es hijo del Estado. No son sus padres quienes se ocupan de cambiarle pañales, alimentarle o vacunarle, sino las enfermeras del hospital sevillano de Valme, donde nació con un síndrome de abstinencia legado por su madre, que empezó a combatir la toxicomanía con metadona durante su reclusión por un atraco. Abuelos, tíos o primos tampoco pueden visitarle: el contacto familiar ha sido prohibido por el Servicio de Menores de la Junta de Andalucía tras declarar al recién nacido en desamparo. Cuando reciba el alta médica, irá a un centro de protección, donde permanecerá por un tiempo indefinido hasta que la Administración decida si este bebé de apenas dos meses será cuidado por parientes o acogedores anónimos.

En España hay 27.000 menores en el sistema de protección, construido para tutelar a niños abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar de que su universo demográfico decrece (los menores de 17 años eran el 19% en 1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen también los menores extranjeros no acompañados que deben ser tutelados si carecen de allegados en España (las reagrupaciones familiares en el exterior son mínimas).

Yeray es una incorporación reciente al sistema. Infrecuente. Se diría que su destino está en manos del Estado desde antes de nacer. Sus padres, Antonia F. P. y Rafael B. G., se conocieron durante una obra de teatro en la prisión. Se casaron en un permiso penitenciario. Y Yeray se gestó durante un “vis a vis”. A Rafael le trasladaron, con custodia policial, desde la prisión de Córdoba hasta el hospital sevillano para que pudiera conocer a su hijo. Antonia, tras recuperarse del parto, regresó a la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que cuenta con una unidad modélica para madres presas. Volvió destrozada, sola, sin bebé.

“Es politoxicómana de larga duración”, “no ha mostrado ningún interés real por mejorar sus aptitudes parentales”, “es agresiva y manipuladora, con una grave trayectoria delictiva y disciplinaria”, “incapaz de atender las más mínimas necesidades de sus dos hijos anteriores”, dice la Administración en la resolución que decreta el desamparo provisional del pequeño.

Antonia no se resigna y batallará por la tutela en el juzgado. Desde la cárcel, en una conversación telefónica, se atropella para intentar contarlo todo. Es cierto que tiene un largo historial de consumo de drogas, que ha atracado y que se ha despreocupado de sus dos hijos anteriores, uno de ellos dado en adopción y el otro criado por su padre. Pero defiende su derecho a “una oportunidad”. “¿Es que tienen una bola de cristal para saber lo que voy a hacer?”, cuestiona.

No. Pero la Administración considera que, dados los antecedentes y el entorno, debe intervenir ante “la vulnerabilidad” de Yeray. “La clave para actuar es la protección del menor”, expone José Luis Calvo, portavoz de Prodeni, asociación de defensa de los niños. “Incluso en situaciones peligrosas, los padres suelen reclamar a sus hijos porque tienen una sensación de propiedad sobre ellos. Es un criterio sobrepasado, el niño es una persona autónoma de la madre, jurídicamente hablando”, tercia.

Al sistema de protección de las autonomías -es una competencia totalmente descentralizada- van a parar las víctimas de graves delitos (abusos sexuales o maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y también los que, como Yeray, son considerados en riesgo de padecerlo. El 70% desembarca en el sistema por negligencia y desatención.

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la prevención, la atención a las familias y la vuelta a casa “siempre que sea posible”.

“La ley prevé expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirugía desesperada del desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situación de riesgo”, se queja José Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a Antonia y que antes representó a otras madres biológicas de Sevilla a las que la Junta había retirado sus hijos.

“La inversión social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos a afirmar que se quitan sólo los niños a los pobres. Con la reclusa es más fácil actuar que con familias de ingresos altos”, abunda el portavoz de la asociación Prodeni, José Luis Calvo. “La institucionalización de la protección del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a diferente velocidad”, añade.

La prevención requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar factores de riesgo, también. “Los presupuestos en servicios sociales suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciación se está despertando poco a poco”, afirma Miguel Ángel Ruiz, profesor de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

“La pobreza no es el problema”, dice taxativo el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios. “De cada 10 niños en protección, siete están por negligencia, son los menores que pueden quedarse solos cuatro días, que están desnutridos, a veces sus padres ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de adicción”. Remacha: “La combinación de adicciones y problemas mentales suele ser fatal”.

Palacios cree que se está reforzando la prevención y pone el ejemplo de Andalucía, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no existían hace una década: “Es un progreso importante que permite hacer una evaluación más segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pronósticos basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no”.

Aunque los errores sean mínimos, su impacto es infinito en la vida de los afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el contexto de la familia biológica está detrás de casos espeluznantes como el de Carmen Fernández, que perdió la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su alcoholismo. Los niños fueron entregados a una familia con fines adoptivos cuando aún no había transcurrido un año de la retirada y a pesar de que la rehabilitación de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad. La mujer litigó en los tribunales durante años hasta que le dieron la razón. Su victoria fue también una derrota. Había pasado tanto tiempo que la Audiencia de Sevilla admitió que era imposible la reunificación familiar. A cambio, condenó a la Junta de Andalucía a indemnizar a la madre con 1,7 millones de euros por la “privación ilegítima” de sus hijos. Han pasado 11 años y aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de la Junta.

Pero las políticas parecen ir cambiando. “Antes se tomaban decisiones demasiado drásticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biológicas han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisión de separación por miedo a que se organice el follón”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”, completa el adjunto al defensor del cuidadano de Barcelona Marino Villa.

El proyecto de salida de Yeray está en fase de diseño. Su madre se ha opuesto en los tribunales al desamparo. Ningún familiar puede verle. Unos tíos se han postulado como acogedores. Hace pocos días, Soledad, la abuela de la niña, recibió la visita de técnicos de protección que evalúan el entorno familiar. “Se sorprendieron por la casa”, cuenta Soledad en un salón repleto de fotos de bodas, comuniones y celebraciones. El último retrato incorporado a la galería es el de Yeray. El duodécimo nieto de Soledad. Uno de los 27.000 hijos que tiene el Estado.

Sólo dos años para denunciar

El pleito sobre el destino familiar de la niña de Benamaurel duró nueve años y llegó al Constitucional. Los vaivenes del niño del Royo comenzaron en 1999 y siguen. Piedad, nombre falso tras el que está la historia de una pequeña canaria de 5 años, ha cambiado de entorno tres veces desde que nació y su caso sigue rodeado de incertidumbre. Cuando hay conflicto, la duración de los procesos judiciales y la contradicción entre las decisiones acaba marcando a los niños irremediablemente.En el proyecto de ley sobre adopción internacional, que está dando sus últimos pasos en el Congreso, se establece un plazo máximo de dos años para que los padres biológicos puedan oponerse al desamparo de sus hijos en los tribunales. Camuflados entre los artículos relativos a la adopción de menores extranjeros, se ha incluido una serie de medidas que modifican el Código Civil y que afectan de lleno a los pleitos sobre la custodia de menores. Hasta ahora, la familia biológica podía acudir a los tribunales sin límite de tiempo. Si la ley se aprueba con su redacción actual, tendrán dos años para hacerlo desde que se les notifica la resolución del desamparo. ¿Pasado dicho plazo decaerá su derecho de solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor?, dice el proyecto de ley. La medida despierta reacciones encontradas. Uno de los agujeros de la legislación española es que no había plazo. A los siete años podía aparecer una madre biológica y ¿tenía derecho a recurrir?, sostiene el catedrático Jesús Palacios, defensor de acotar este paso. ¿En la práctica va a suponer una reducción de las garantías de quienes tengan la desgracia de acudir a los tribunales impugnar estas resoluciones?, se queja la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores.Este límite, a juicio del letrado José Antonio Bosch, no evitará que algunos litigios se puedan eternizar: Lo hacemos larguísimo entre todos, es simplista creer que cortar el tiempo a los padres lo arregla. ¿Se podrían fijar tiempos máximos para el juez y la administración?. El proyecto legislativo no da esos plazos, aunque establece que los procedimientos sobre protección de menores tendrán carácter preferente, lo que también obliga a modificar artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El fiscal cierra el centro de menores LAURISILVA, en Telde, Canarias.

diciembre 3, 2007

centroLos Servicios Sociales del Cabildo de Gran Canaria se vieron forzados ayer a desalojar el centro de menores de protección Laurisiva, en Ojos de Garza (Telde), después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia realizara una inspección y determinara que el hogar no reune las mínimas condiciones para acoger a niños.

La Fiscalía ordenó ayer el desalojo del centro tras realizar dos inspecciones y constatar que las instalaciones no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene ni cumplen con las funciones de formación para las que está creado, confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

El Laurisilva, ubicado en la urbanización Ojos de Garza, es un centro de atención inmediata para niños de entre 13 y 17 años. A él puede ir a parar cualquier menor que se encuentre en una situación de urgencia (padres alcohólicos y falta de un familiar que se haga cargo, hijos de personas detenidas, etcétera) y en el permanece hasta que se tome una decisión de carácter definitiva. Por ley, está tutelado por la Administración. En Canarias, la tutela le corresponde al Gobierno autónomo, pero la gestión está derivada al Cabildo Insular y éste tiene contratada a una ONG que se encarga del funcionamiento del centro. En este caso, se trata de Mensajeros de la Paz, que según diversas fuentes percibe unos 70 euros por niño/día.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía acordó instar el cierre tras comprobar que de las cinco habitaciones que existen en el centro, tres carecen de cristal en las ventanas, que en la mayor parte del centro no hay mobiliario ni luz eléctrica y que la seguridad es muy deficiente.

No era un lugar para los niños

La fiscal de Protección de Menores admitió anoche a este periódico que había instado la clausura del Laurisiva, y confirmó que había tomado la decisión al considerar que el centro no reune las suficientes condiciones de habitabilidad e higiene como para garantizar la seguridad de los menores . La responsable del Ministerio Público declinó entrar en detalles sobre los pormenores de las inspecciones a las instalaciones de Ojos de Garza.

Cables pelados, frío, mal olor, suciedades

Según las fuentes consultadas, el fiscal que inspeccionó el centro se mostró asombrado de que se permitiera la convivencia de menores en unas instalaciones sucias, altamente deterioradas y sin las mínimas condiciones de seguridad para los menores. Si bien la franja de edad es de 13 a 17 años, en el momento de la inspección pernoctaba en el centro una niña de doce años. Al parecer, los cristales rotos en las ventanas de las habitaciones donde duermen los niños no se reponen desde el pasado septiembre, en la mayor parte de las habitaciones las bombillas o no existen o no funcionan y los baños están altamente deteriorados. La mayoría de los enchufes están rotos y carecen de carcasas de seguridad, en algunos casos son simplemente un agujero con cables. La casa está plagada de humedades y paredes desconchadas. El patio acumula restos de obras, basura y muebles deteriorados. Los niños carecen de mobiliario en condiciones para sentarse y no disponen de libros. Al cierre de esta edición los servicios sociales del Cabildo procedían al traslado de los menores a otros centro tutelados, tras poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.