PERDER A LOS PADRES POR UN DÍA

by

Reproducimos aquí el artículo del juez de familia de Málaga, en el que reflexiona sobre las consecuencias que va a tener la reforma del código civil en materia de adopciones, que dificulta el retorno de los menores a las familias biológicas,  consolidando las prácticas de secuestro por parte de la administración, que se hacen en base a la ley de protección de la infancia.

 

“El Proyecto de ley de adopción internacional ha incluido en su texto varias modificaciones del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de protección de menores. Todas ellas tienen como objetivo común limitar los plazos en los que las familias biológicas de menores desamparados puedan oponerse a las decisiones que los servicios sociales adopten sobre sus hijos. O dicho de forma más tajante se establece una limitación del tiempo en el que esas familias pueden recuperar a sus hijos cuando les han sido retirados.

El origen de esta sorpresiva reforma legal hay que buscarlo en la decisión de la Audiencia provincial de Sevilla de fijar una elevada indemnización a una madre a quien   no se pudo reintegrar a sus hijos, pese a haberse revocado judicialmente la resolución de la entidad pública que los entregó a una familia de acogida. Desde ese momento ya se pidió por los responsables políticos de los servicios sociales que se fijasen “plazos” para tales reclamaciones, pasados los cuales la decisión de retirar un   menor fuese inamovible.

Hay que reconocer que en casos muy contados (pero de amplia repercusión mediática) el sistema de protección a la infancia en su doble fase administrativa y judicial no ha funcionado bien, sobre todo por la lentitud en la tramitación de este tipo de asuntos en los Juzgados. Ello ha dado lugar a situaciones muy dolorosas para algunos menores que han sido separados de sus familias acogedoras cuando ya habían alcanzado una integración aceptable. También se han dado casos como el de Sevilla en el que las familias biológicas no han podido lograr el retorno de sus hijos pese a tener una sentencia que así lo acordaba.

Pero tales supuestos, además de ser muy minoritarios, no pueden generar una reforma legal como la que se pretende y que supone un claro retroceso en relación al sistema actual de protección de menores, inspirado en principios de proporcionalidad y   de preferencia de la familia biológica como lugar de desarrollo del menor; sistema que además en líneas generales viene funcionando aceptablemente.

La reforma que se propone solo puede ser calificada de incomprensible, innecesaria e inútil.

Incomprensible porque resuelve el problema trasladando a las familias biológicas de los menores desamparados, la culpabilidad de unos retrasos que tienen su causa esencial en el defectuoso funcionamiento de los propios órganos administrativos y judiciales. Si a ello unimos que la nueva y dura limitación legal se proyecta sobre familias con clarísimos déficit sociales, habremos de concluir que estamos ante una reforma regresiva y difícilmente explicable desde planteamientos sociales avanzados.

Es innecesaria porque la mayor o menor pasividad de las familias biológicas en la superación de las carencias que generan la retirada de sus hijos, ya se valora actualmente por los jueces como elemento decisivo para acordar o no el retorno de los menores.

Y es inútil porque el plazo que se concede a las familias para pedir una “revisión” del caso por cambio de sus circunstancias (dos años), va a suponer que la espada de Damocles de una posible sentencia judicial que ordene el retorno del   menor  seguirá pendiendo sobre éste durante buena parte de su vida infantil.

En un campo como el de la protección de los menores donde la transparencia y la igualdad de partes no son los valores dominantes, erigir un nuevo obstáculo legal, en este caso el tiempo, para que las familias biológicas ejerzan sus derechos y los jueces puedan controlar la actividad administrativa, no es más que fomentar zonas de oscuridad que a nadie favorecen y que ahondarán la desconfianza que muchas familias sienten hacia los servicios de protección a la infancia.

 Dotar a los servicios sociales de personal y medios, intervenir en el seno de las propias familias con carencias, respetar el principio de proporcionalidad de las medidas de protección, aligerar los procesos judiciales de control (como por fin hace también la reforma), especializar a los jueces que conocen de estos asuntos o dotar de asistencia letrada efectiva a las familias biológicas es el camino para evitar las disfunciones que en algunos casos se han producido.

El “atajo” que propone la reforma es una solución burocrática y simple a un problema social y jurídicamente complejo. Y desde luego dará lugar a que algunos menores desamparados pierdan definitivamente a sus padres por un día.”

José Luis Utrera Gutiérrez, Juez de Familia de Málaga.27 de agosto de 2007

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: