SOS: MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN PELIGRO DE EXPULSIÓN EN ANDALUCÍA.-

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Decálogo por el respeto de los derechos fundamentales de menores extranjeros no acompañados

Menores antes que inmigrantes

 

La entidad firmante manifiesta su profunda inquietud por las  últimas declaraciones sobre las repatriaciones masivas a Marruecos de menores no acompañados/as que se pretenden llevar a cabo desde el territorio español y llaman a la garantía de los derechos fundamentales de estos/as menores

 

1.      Recordamos que la protección de los/as menores por parte de las administraciones competentes, garantes de su seguridad, debe hacerse bajo una real igualdad de trato entre los menores nacionales y extranjeros, un real respeto del interés superior del menor así como un real respeto de sus derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a tener una asistencia letrada y un derecho de respuesta equitativo.

2.      Nuestro contundente rechazo a cualquier tipo de repatriación no voluntaria, que vulnera los derechos humanos y el interés superior de los/as menores no acompañados/as, más aún si es colectiva e indiscriminada como pretende la Junta de Andalucía, sin ni siquiera considerar otras vías para la integración de esas personas que llegan a nuestras costas en búsqueda de un mejor porvenir.

3.      Creemos que sólo un retorno consensuado con el/la menor, su familia y los servicios sociales in situ, combinado con alternativas reales de inserción en su lugar de origen, garantizan una verdadera protección y seguridad del menor en desamparo.

4.      Que el derecho del niño a ser oído debe ser un elemento clave en la apreciación y adopción de cualquier decisión que le afecte, como lo es obviamente una repatriación, señalando los fracasos y las graves vulneraciones de derechos ocasionados por este tipo de decisiones arbitrarias que se tomaron en otras Comunidades (Madrid, Cataluña).

5.      Lamentamos que las declaraciones de las autoridades públicas que priorizan la condición de candidato a la inmigración irregular sobre la condición de MENA sujeto de derechos y de protección, creen un discurso de alarma social por parte de algunos medios de comunicación, que, tal como lo ha puesto de relieve el Defensor del Pueblo Andaluz, nos parece innecesaria y exagerada. e incluso lanzan mensajes que contradicen al propio marco jurídico de protección vigente;

6.      Mantenemos la necesidad de un estudio individualizado de la realidad de cada uno de los menores y su situación familiar, ya que el concepto de “niños solos” no tiene ningún fundamento jurídico.

7.      Mostramos nuestra denuncia contundente de esta clasificación ilegitima que distingue entre los /as “verdaderos”/as menores no acompañados/as -realmente desprotegidos/as y merecedores de la protección del Estado- y los/as “falsos/as” MENA, que proceden de una familia de “clase alta-media” y que sólo pretenden defraudar y aprovecharse ilegítimamente de los servicios de protección a la Infancia españoles. Del mismo modo, exigimos que se determine con claridad de cuantos menores hablamos que se encuentran en esta situación, ya que no se pueden utilizar este tipo de generalizaciones distantes de la realidad para argumentar repatriaciones masivas.

8.      Que, por lo tanto, nos oponemos a la construcción de centros en Marruecos para MENAs retornados desde España, ya que además de no responder a la propia voluntad del menor, o del Estado marroquí, podemos legítimamente dudar de la eficacia y de la viabilidad de tal proyecto que no responde al interés superior del menor sino a una lógica de control de los flujos migratorios.

9.      Así mismo, exigimos al gobierno marroquí que tome las medidas oportunas para que su infancia pueda tener un futuro esperanzador en su propio país.

10.    Y a la UE que apoye económicamente para la atención de los/as menores en territorio español y para ejecutar programas de promoción y prevención en los países emisores de inmigración infantil;

 

En consecuencia, recordamos a las autoridades públicas sus responsabilidades respecto a la acogida de esos niños con necesidad de protección y la ilicitud de cualquier intento de sortear la legislación nacional e internacional en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de esos menores.

Desde nuestras organizaciones, seguiremos estando muy pendientes de los procedimientos de protección y eventual retorno de esos menores no acompañados para controlar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Firmar: http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=41

 

Human Rights Watch denuncia abusos sexuales contra menores inmigrantes en centros canarios

El País, Tomás Barbulo 26 de julio de 2007

 

La ONG internacional Human Rights Watch tiene previsto presentar hoy un polémico informe en el que denuncia violencia y abusos sexuales por parte de cuidadores en dos centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias: La Esperanza, en Tenerife (con 200 menores), y Arinaga, en Las Palmas (con 135 menores), ambos dependientes del Gobierno autónomo. El informe levantará polémica porque sus conclusiones están basadas en declaraciones sin contrastar de menores no identificados.

 

Simone Troller, la investigadora que llevó a cabo la tarea, explica su trabajo:

Pregunta. Ustedes titulan su informe España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias. ¿Cómo han llegado a esa conclusión?

Respuesta. España ha respondido a la llegada a Canarias de un número sin precedentes de menores de una forma que viola el derecho internacional de esos niños. Concretamente, porque los que se encuentran en los centros de emergencia continúan en peligro de sufrir maltratos y abusos. Nosotros hemos establecido los hechos y documentado los abusos. Y nadie parece sentirse responsable de lo que está ocurriendo, ni el Gobierno de Canarias ni el Gobierno central.

P. Ustedes hablan de palizas, calabozos y abusos sexuales en centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria. ¿De unos menores sobre otros o de los cuidadores sobre los menores?

R. De los cuidadores sobre los menores, en particular sobre los más pequeños.

P. El informe está basado sobre todo en lo que le contaron los menores, que no aparecen identificados.

R. Tratamos sus testimonios como acusaciones, pero los consideramos muy seriamente. En especial algunos muy coherentes. Por ejemplo, cuando distintos chicos hablaban de los mismos hechos de una manera muy detallada y desde perspectivas diferentes. Algunos tenían cicatrices y marcas visibles en el rostro.

P. ¿Usted les concede total credibilidad?

R. Respecto a los abusos y malos tratos en el centro de Arinaga, en Gran Canaria, los consideramos acusaciones y los denunciamos en la Fiscalía de Las Palmas.

P. ¿Qué les respondió?

R. En realidad denunciamos los hechos ante dos instancias: la Dirección General del Menor de Canarias, que ostenta la tutela de los niños, y la Fiscalía de Las Palmas. La Dirección General del Menor contestó que sólo podía actuar si le proporcionábamos los nombres de las supuestas víctimas y de los supuestos autores.

P. ¿Por qué no se los dieron? ¿No se fiaban de él?

R. No se los dimos porque no sabemos lo que las autoridades van a hacer con esa información y porque tememos que los niños sean víctimas de una venganza por parte del personal del centro, a varios de cuyos miembros acusan como autores de esos delitos.

P. Pero al menos podían haberle dado los nombres de los supuestos autores de los malos tratos.

R. No, porque en ese caso podrían demandarnos. Señalarlos con el dedo nos convertiría en responsables legales.

P. ¿Y la fiscalía qué respondió?

R. Abrió una investigación y concluyó que no podía constatar ninguna de las acusaciones que recogemos en el informe. Pero nos preocupa el método que ha utilizado para investigar estos hechos.

P. ¿Por qué?

R. No llevaron intérpretes y, aparentemente, sólo hablaron con los niños en grupo, lo que pudo inhibirles. Sabemos cómo hicieron su investigación porque nos enviaron una copia del informe. Un grupo de chicos incluso les dijo que no quería hablar por miedo a que otros muchachos se chivaran a la dirección del centro. Por eso hemos enviado a la fiscalía una carta en la que le pedimos otra investigación.

P. Dice que no facilitó a las autoridades los nombres de los presuntos agresores ni de las supuestas víctimas por miedo a que éstas sufrieran represalias. ¡Pero si, según usted, las estaban golpeando, torturando y violando! ¿Qué más les podían hacer?

R. En principio, hablamos de abusos sexuales en el centro de Arinaga, no de violaciones, porque no tenemos constancia de ellas. No quiero dar a entender que todos los niños están siendo sometidos a abusos sexuales. En La Esperanza, los niños me dijeron que allí los malos tratos terminaron un mes antes. Pero está claro que los miembros del personal que supuestamente habían participado en esos hechos continuaban en el centro.

P. Usted obtuvo los testimonios en enero y los hace públicos ahora, siete meses después. ¿No se siente responsable de lo que hayan podido sufrir esos muchachos durante tanto tiempo?

R. Lo denunciamos a la Fiscalía de Las Palmas, que tiene la responsabilidad de investigar.

P. Pero la fiscalía no encontró nada de lo que afirman.

R. Hoy mismo [por el martes] nos hemos reunido con la Fiscalía General del Estado, en concreto con Joaquín Sánchez Covisa, fiscal del Tribunal Supremo coordinador de Extranjería, y con José María Paz Rubio, fiscal de Sala y coordinador de temas de protección. Y ellos mismos se han quedado un poco sorprendidos del método empleado por la Fiscalía de Las Palmas y preocupados porque no haya detectado una situación así. Van a pedirle un informe de cómo ha hecho la investigación, cómo están estos centros y qué es lo que está pasando en ellos.

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