La perversión de la cooperación al desarrollo: Los proyectos de reagrupación de los menores inmigrantes en Marruecos.

by

Mercedes Jiménez
Colectivo Al Jaima

Es bien sabido que la doble condición entre menores y extranjeros, es la
que configura el tratamiento a los menores no acompañados.  La
contradicción que estos jóvenes y adolescentes representan para nuestros
sistemas legales y nuestros estados del bienestar provoca una tensión que
no siempre avala la condición del menor como tal, ocurriendo que el propio
estado legitima prácticas contrarias a derechos y vulneradoras de los
derechos fundamentales. El escenario por antonomasia donde cede la tensión
son las repatriaciones y/o reagrupaciones familiares, que se llevan a cabo
sin garantías. En este artículo vamos a profundizar en cómo se están
llevando a cabo estas llamadas “reagrupaciones familiares” de menores no
acompañados de origen marroquí y qué mecanismos se han puesto en marcha en
Marruecos a lo largo del 2006. Estos mecanismos utilizan la cooperación al
desarrollo como vía de obtención de recursos, pero pervierten el propio
sentido de la cooperación, al esconder un objetivo contrario al propio
desarrollo de los beneficiarios, en este caso los menores migrantes.

El 23 de diciembre de 2003 se firma en Madrid el Memorandum de
entendimiento entre España y Marruecos para la repatriación asistida de
menores no acompañados.
En 2005, desde la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), se anunciaron dos
medidas, la conversión del Memorandum en un Acuerdo Bilateral (que aún no
se ha materializado) y la creación de centros en Marruecos para aplicar la
repatriación asistida recogida en este documento. En enero de 2007, HRW
(Human Rihgts Watch) en una carta enviada al presidente del gobierno le
insta a  “que incorpore en el futuro acuerdo de readmisión todas las
garantías legales pertinentes de acuerdo a la legislación internacional y
española aplicable”.
Sobre la segunda medida, la creación de los centros, señalamos que el
MTAS, con la colaboración de la AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional) y en el marco de dicho acuerdo, está promoviendo la
construcción de dos centros para reagrupar menores, uno en Nador y otro en
Beni Mellal, por una cuantía aproximada de 2 millones de euros.

Además, la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid,
financiados por el programa AENEAS construirá dos centros para repatriar
menores, uno en Tánger y otro en Marrakech, por una cuantía de 3 millones
de euros. El centro que se está rehabilitando en Tánger se encuentra en la
provincia de Fahs-Anjra, en la comuna rural de Tleta Tagram. Son unos
antiguos cuarteles militares españoles, abandonados tras el final del
Protectorado. Están situados a las afueras de Tleta Tragram, justo en el
puerto de montaña que conduce a Bel Younes. Está cerca de la frontera del
Tarajal y de Ceuta y del nuevo Puerto- Med que se está construyendo en
Ksar Seguir. Son zonas de paso y poco habitadas donde no parece que
existan suficientes elementos para que los menores se socialicen (sus
familias, amigos, colegios, zonas verdes, asociaciones de jóvenes). Por su
ubicación geográfica – en un cruce de fronteras- , parece pensado más que
para acoger a los menores, para invitarlos a una nueva migración.

Por otro lado,la Generalitat de Catalunya, también financiados por el
programa AENEAS, abrirá cuatro pisos para repatriar menores a Tánger, por
un cuantía de dos millones de euros.

Siete millones de euros en total, para construir o rehabilitar cuatro
centros (Tánger, Nador, Beni Mellal, Marrakech) y poner en marcha cuatro
pisos en Tánger, con una capacidad máxima entre todos de 200 menores
repatriados aproximadamente. En cooperación al desarrollo, el impacto de
desarrollo de un proyecto se mide dividiendo el presupuesto entre el
número directo de beneficiarios. Si hacemos la cuenta y dividimos esos 7
millones de euros entre los posibles 200 menores repatriados, la cuenta
nos sale a 35.000 euros/ menor. Un cifra que refleja el precio político
que estos proyectos están dispuestos a afrontar. Si además,  tenemos en
cuenta los criterios que se utilizan en cooperación  al desarrollo
veremos, que en relación a la pertinencia estos proyectos no responden a
las prioridades de las políticas públicas de protección de Marruecos, de
hecho en SEFEPH  máxima entidad en política pública de protección no es
contraparte en ningún de los centros. O pensando en la eficiencia, dudamos
si son razonables estos costes y estos medios para el número de
beneficiarios. Podíamos evaluar además la eficacia, es decir, si realmente
las actividades previstas vienen a responder a las necesidades de estos
menores, la mayoría repatriados en contra de de voluntad. O la viabilidad
de estos proyectos, donde la contraparte marroquí, en la mayor parte de
los casos es la Entraide National, y no cuenta con medios para garantizar
un adecuado funcionamiento. En cuanto a la participación de los
beneficiarios en la identificación del proyecto, no sólo es que no hayan
participado, sino que el proyecto va en contra de su voluntad, ya que los
menores no desean ser “reagrupados”. Además, para que la reagrupación se
ajuste a derecho y a la Convención de los Derechos del Niños ratificada
por España y Marruecos, el menor debe ser escuchado, la repatriación debe
serle notificada y el menor debe tener derecho a una asistencia letrada,
para poder defender sus intereses como menor. Nada de esto parece tenerse
en cuenta en estos proyectos. Otra gran crítica de estos proyectos, es la
inexistencia de una coordinación real sobre el terreno, dejando en manos
de las CC.AA y de sus intereses políticos, la responsabilidad de poner
estos centros en Marruecos y de “experimentar” con las vidas de los
menores.

Las repatriaciones deben tener como fin único y primordial salvaguardar el
interés superior del menor. Durante el año 2006, lo que el Colectivo Al
Jaima ha constatado en Marruecos es que en ninguna ocasión, en las
reagrupaciones que se han llevado a cabo, se ha salvaguardado el interés
superior de estos menores. A grandes rasgos podemos enumerar una serie de
elementos comunes en estas reagrupaciones familiares:
•    La reagrupación familiar no es notificada, el menor no es escuchado, ni
su opinión tenida en cuenta.
•    El menor no tiene derecho a una tutela judicial efectiva
•    Las reagrupaciones se llevan a cabo sin informar a los menores ni sus
familias.
•    La decisión es tomada de forma discrecional, ya que no se lleva a cabo
el pertinente informe social para evaluar la situación.
•    En algunas CC.AA, la policía viola el domicilio del menor al entrar de
madrugada en los centros de acogida para llevárselos directamente al
aeropuerto.
•    Los menores quedan en absoluta desprotección en su país, algunos vuelven
a intentar emigrar y terminan en la calle.
•    La situación familiar no es documentada conforme al artículo 92 del Real
Decreto 2393/2004
•    Los menores son entregados a la policía de frontera

Además, en el año 2003 entró en vigor la Ley nº 02.03 de 11 de noviembre
de 2003 relativa a la migración irregular. El artículo 50 de esta ley
castiga (sin distinguir los menores de los adultos) con una multa de 2.000
a 10.000 dirhams y uno a seis meses de prisión, o sólo una de estas penas,
sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal aplicables en la
materia, a toda persona que abandone el territorio marroquí de forma o se
introduzca en él de manera clandestina. Ocurre que a los menores
reagrupados se les aplica esta ley y, a pesar de ser menores, son enviados
por el procurador del rey al juez, que los juzga y en ocasiones los
emplaza a los centros de salvaguarda (que son centros de reforma) o se les
sanciona con una multa, que no pagan porque su familias no pueden hacer
frente a estos gastos. La reagrupación provoca la criminalización de estos
menores en Marruecos, tratados como pequeños criminales.

Ante tan complejo panorama, parece más que evidente que la voluntad
política de llevar a cabo centros de repatriación de menores en los países
de origen corre el riesgo de ser una propuesta fallida. Entendemos que
promover las repatriaciones como forma de intervención social en este
contexto migratorio obedece más a una lógica de control de flujos
migratorios y no a una lógica de protección de la infancia y menos de
cooperación al desarrollo. La creación de centros para repatriar menores
no son proyectos contextualizados, en cuanto que no cuentan con un
análisis de las  causas estructurales que condicionan la migración
multicausal de estos menores, migrantes precoces. Como señala Bargach
(2005), un proyecto contextualizado es un requisito indispensable para
todo interviniente en procesos humanos preocupado por el rigor a la hora
de plantear tanto el estudio y la comprensión, como la elaboración de una
metodología de intervención en dichos contextos.  Tanto es así, que el
interviente que no contemple el fenómeno en su globalidad y complejidad,
corre el riesgo de incurrir en generar “soluciones” o respuestas
mutilantes e incluso perversas es decir, contrarias a los fines
propuestos.

Esta migración precoz, pone de relieve (Bargach 2005) unas familias
carentes de instrumentos para realizar el proceso de socialización de los
menores y estigmatizadas por los poderes públicos como “familias
desestructuradas”; unos  menores privados del derecho fundamental a
saberse protegidos y un estado que delega las cuestiones fundamentales
relacionadas con la intervención social a organizaciones no
gubernamentales o supragubernamentales.

Estos colectivos de menores potenciales migrantes son “invisibles”. La
emigración, por lo tanto, es una manera de “protestar”, de “rebelarse”
ante la situación de marginación y olvido que sufren. La creación de estos
centros será una forma de confirmarles en su imaginario que “tienes que
emigrar para existir, tienes que emigrar para que tengas en tu propio país
derecho que nunca tuviste antes de emigrar” y por lo tanto, una forma de
“propiciar la propia migración de otros menores que estén en Marruecos”.
Este mensaje viene a consolidar el imaginario colectivo de la migración
como forma de promoción social, viniendo a verificarlo y reforzarlo. Si
los menores emigran es por la falta de un horizonte esperanzador, por lo
tanto, sólo apostando por la creación de un horizonte real de bienestar y
promoción social para estos chavales y para sus familias se puede llevar a
cabo una intervención preventiva, todo lo demás son intervenciones
limitadas.

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