El 13 de Enero de 2009 cumple 8 años la LORPM (Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores), tras su puesta en vigor en el 2001.
Nada que celebrar, pero sí que denunciar
La que se inició bajo el pretexto de ser un instrumento válido para dar respuesta a los conflictos y dificultades de los y las menores, en el ámbito estrictamente penal, aunque con apariencia de medidas educativas, con el paso de los años se declara como un ley absolutamente represora y carcelera, como ya desde algunos espacios de denuncia social se venia proclamando desde su inicio.
Ya se han encargado los medios de comunicación de crear la alarma social necesaria, ante conflictos (que aunque puntuales, sí en ocasiones dramáticos) que generar una conciencia en la población que justifica que lo que estos niños/as necesitan es mano dura y cuanto antes mejor.
No es casualidad que a lo largo de estos años se hayan realizado hasta 5 modificaciones de la mencionada ley y todas ellas relacionadas de alguna manera con el endurecimiento de las medidas y afianzando el sentido de la ley como instrumento de control hacia la población adolescente, principalmente a jóvenes de barrios desfavorecidos y jóvenes que llegan de otros de países en situación irregular.
Bastaría centrar nuestra atención en el último centro construido en Valencia, “Centre de reeducació Jaume I”, situado en la población de Picassent a 100 metros de la cárcel para personas adultas, sirviéndonos ese simple dato para darnos cuenta que nos encontramos ante una verdadera cárcel.
¿Cómo se nos puede decir que se educa, en un recinto absolutamente cerrado y rodeado de alambrada, aislado de la sociedad, con celdas de 2 metros de ancho por tres de largo, donde todo en las mismas esta construido de hormigón, la mesa, la cama, los estantes y donde lo único que se pretende cumplir es un reglamento de medidas castigadoras?
Si los engañosos datos, que nos muestran en relación al aumento en la comisión de hechos delictivos significase algo, significaría en todo caso un total fracaso de esta ley, y no únicamente por las medidas que impone , sean éstas en régimen abierto o cerrado , sino por su filosofía de intervención ,basada en la desnaturalización de los conflictos entre las personas y la judicialización de determinadas realidades sociales a las que históricamente se les ha impuesto la carencia y precariedad a la base de sus vidas.
Podemos hablar ya de efectos secundarios derivados de la aplicación de esta ley, considerada como medicina/remedio para sus creadores y gestores, para nosotras veneno.
Efectos muy nocivos para los y las jóvenes que la sufren principalmente, pero también para sus familias tales como: pérdida y/o deterioro de los vínculos afectivos más cercanos, enfermedades psiquiatricas como consecuencia del internamiento, deterioro de las habilidades de socialización, desequilibrio emocional, destrucción de la personalidad… Podríamos enumerar muchos más para reafirmar que en estos centros se tortura, muchas veces físicamente, pero lo que es una constante, es el maltrato psicológico, donde hablar de las cosas de la calle supone un castigo, donde llamar por el mote a un “colega” es sancionado, y donde recibir visitas de la familia depende de un excelente comportamiento, por nombrar solo unas cuantas.
Es importante recordar que estos centros son mayoritariamente gestionados por empresas privadas, a las que la creación de cada vez más centros les es muy rentable por las desorbitadas cifras de dinero que reciben para ello. Empresas bajo el nombre de fundación tales como Arcos del Castillo, gestora del centro de Picassent, Diagrama gestora del Centro Mariano Ribera y Centro Terapeutico Pí Margall, ambos en Godella, del Pí Gros de Castellón, y un largo etcétera teniendo en cuenta que en el Estado Español hay alrededor de 70 cárceles para jóvenes entre 14 y 18 años.
Resulta así que mientras estas supuestas organizaciones con apellidos tan loables como “fundación” y/o “asociación sin animo de lucro”, se enriquecen y engordan su patrimonio, eso sí, sin olvidarse del tal mentado “interés superior del menor”, los chavales/as en nombre de los cuales gira todo el entramado, son encerrados , olvidados y doblemente castigados.
Y nosotras decimos y defendemos que ¡ENCERRANDO NO SE EDUCA!
Colla Xicalla, colectivo de denuncia y apoyo a menores perteneciente a la coordinadora estatal en solidaridad con las personas presas y a la coordinadora estatal de grupos en defensa de los menores.
