Reportaje por: Jaime BARRIENTOS 29/06/09
Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras.
En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio”.
Los centros de protección de menores están prácticamente en manos privadas. Y los de reforma han dado un giro hacia la gestión privada, hasta el punto de que fundaciones, asociaciones y empresas dirigen más del 70 por ciento de ellos. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que aproximadamente el 80 por ciento de estos centros se ha puesto en marcha en los últimos diez años.
De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones.
O’Belén se creó el 22 de junio de 1999. Los fundadores no eran eminentes psicólogos, pedagogos y educadores, sino un curioso elenco de políticos profesionales e importantes empresarios bendecidos por Manuel Ureña, actual arzobispo de Zaragoza. Entre los fundadores están Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y diputado del Partido Popular; Javier Herrero, consejero delegado de Iberdrola, y José Morales, subdirector territorial para Madrid de Ibercaja. Emilio Pinto, actual presidente de la Fundación O’Belén, está diplomado en magisterio y fue portavoz del PP de Sigüenza (Guadalajara). Carlos Moreno, gerente de la fundación, es actualmente portavoz del grupo de no adscritos en la Diputación de Guadalajara tras haber sido expulsado del PP. María Calvo, responsable del departamento de relaciones externas, fue concejal en Guadalajara por el PP, y José Carlos Moratilla, coordinador de delegaciones, comenzó su carrera política en el CDS y ha sido presidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE.
O’Belén se financia en más de un 90 por ciento con dinero que le entregan las administraciones. Sin embargo, cuenta con distintos patronos, como Peugeot, Alvargómez Gestión Inmobiliaria, Grupo Lábaro, la Diputación de Guadalajara y, hasta hace poco, también Ibercaja. El director general de la entidad, José Luis Aguirre, remitió el pasado 30 de marzo una carta en la que manifestaba la decisión de abandonar el Patronato de O’Belén.
Otra de las grandes en la gestión de los centros de menores, Dianova, está constituida por un conjunto de organizaciones autónomas que desarrollan programas sociales e iniciativas innovadoras en las áreas de la prevención o tratamiento de las adicciones, de la educación y del desarrollo personal y social de los jóvenes, según la información que aporta la propia ONG. Dianova España se encarga de la gestión de cinco centros de menores con problemas de consumo de drogas. Según el Plan Nacional sobre Drogas, “Dianova tiene su origen en la escisión y posterior reorganización de personas y profesionales vinculados a la asociación El Patriarca”, un grupo fundado por el polémico Lucien Engelmajer y catalogado en Francia en 1995 como secta por una comisión de investigación parlamentaria. Cuatro años después, el Parlamento francés alertó sobre Dianova, la calificó de nueva marca de El Patriarca y señaló que “constituye el ejemplo más representativo de estructuras comerciales sectarias”.
La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”. Pese a que en los principios fundacionales de casi todas las instituciones dedicadas a la protección de los menores se señala que están dedicadas de manera altruista a los niños desamparados, “en la práctica –según José Luis Calvo–, quienes están detrás son políticos y empresarios de la banca y de la construcción”.
Un ejemplo podría ser la Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona actualmente cuatro centros de menores en régimen abierto y semiabierto en la Comunidad de Madrid. Grupo Norte, con cerca 4.000 empleados, posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemárquetin y hasta una ETT. Grupo Norte fue denunciada en febrero de 2002 por los malos tratos a los que presuntamente eran sometidos los menores del Centro Zambrana, en Valladolid. Esta fundación es una entidad “sin ánimo de lucro” creada en 2001 por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte. El presidente del holding y de la fundación, José Rolando Álvarez Valbuena es, además, consejero de Mapfre Mutualidad, presidente de la junta asesora de Fremap y ejerce las funciones de presidente del consejo de administración de ocho sociedades vinculadas al grupo.
Alberto Fernández de Sannamed, presidente del Consejo General del Colegio de Educadores Sociales, habla directamente de la “precaria supervisión” que sobre estas entidades privadas ejerce la Administración: “Se deja en manos de las entidades privadas contratar a los profesionales que se encargan de los menores”. Fernández de Sannamed asegura que en los centros “trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación inadecuada. En muchas ocasiones solicitan perfiles más propios de personal de seguridad que de trabajadores del sector educativo”.
La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), bajo la supervisión de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó en marzo de 2006 un convenio por 157 millones de euros con el Gobierno regional para construir y gestionar durante 15 años un centro de 130 plazas en Brea del Tajo. Según se puede leer en su propia página web, el fin social de Ginso es desarrollar “un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, mantenimiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos, prelaborales y laborales”.
El presidente de esta asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargó el proyecto y la construcción de la obra a tres sociedades. En una de ellas, Icono Consultores SA, figura él mismo como administrador único. En otra, Prodos Project-Process SL –que ha cambiado su denominación–, figura también, esta vez como uno de los cinco consejeros. Sus socios en esta empresa son los dueños del Grupo Ibadesa, la tercera compañía implicada y la encargada de construir el centro de Brea de Tajo que forma parte del acuerdo firmado por la Comunidad de Madrid con el consistorio del municipio, y que se amplió luego a las localidades de Valdemoro y Aranjuez.
La Fundación y Asociación Respuesta Social Siglo XXI (ARS) gestiona en Madrid el Centro de Reforma Los Rosales –enclavado en el antiguo módulo de mujeres de la cárcel de Carabanchel– y el centro para chicas Puerta Bonita–. La fundación está presidida por Ángel Miguel Blanco Sánchez y el secretario es Sergio Jesús García Muñiz, dos personas que nada han tenido que ver con asuntos de tipo social y sí con empresas de distintos sectores, como el inmobiliario o la gestión de patrimonio.
